La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha indicado que la Junta de Andalucía está elaborando un "estudio con las distintas vías" que permitan "poner en marcha" la demolición del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), si bien ha precisado que a expensas de las actuales "circunstancias judiciales" en torno al inmueble.
Crespo se ha pronunciado en estos términos tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estima imponer al Ayuntamiento carbonero la obligación de tramitar la licencia municipal de obras concedida en 2003 para la construcción del hotel al hallar indicios de que infringe la ley y condiciona el derribo a la nulidad de la citada licencia.
En declaraciones a los periodistas, la consejera andaluza ha remarcado que el Gobierno andaluz "está trabajando" en la restauración de la legalidad urbanística en este paraje enclavado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y ha recordado que se han "puesto los recursos económicos" en los Presupuestos Generales de la comunidad en 2021 para "poder demoler".
"Sí es verdad que hay que esperar a las sentencias judiciales, pero nosotros vamos a seguir adelante y estamos explorando todas las posibilidades que hay", ha indicado para añadir que hay "que tener tranquilidad porque todas las posibilidades que veamos a nuestros alcance, las vamos a ejercer".
Crespo, quien ha recordado el compromiso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho que el Gobierno andaluz considera que "hay que hacerlo", en alusión al derribo, y ha apelado a "hacerlo entre todas las administraciones con responsabilidad" en esta situación.
En esta línea, ha instado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a convocar una reunión de la comisión mixta que supervisa el protocolo firmado en 2011 por ambas administraciones.
"Esperamos que se convoque pronto para poner analizar entre todas las administraciones las circunstancias y plantear opciones", ha asegurado al tiempo que ha insistido en el "trabajo de los letrados de la Junta" y en los recursos económicos consignados por el Gobierno andaluz en presupuestos con una partida de 1,1 millones de euros.
Para llegar hasta la demolición del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, la Junta debe tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006 y que, después, ha sido validado en varias sentencias judiciales.
Los servicios jurídicos de la consejería han determinado la "conveniencia" de emprender el retracto de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuciamiento Civil. Así, previa solicitud de las notas simples actualizadas de las fincas afectadas del sector ST-1 o El Algarrobico, la Junta ha iniciado los trámites para interponer la oportuna demanda en la jurisdicción civil y "solicitar la anotación preventiva de dicha demanda" de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley Hipotecaria.
Al respecto, ha habido "varios intentos infructuosos desde 2016" para proceder a la ejecución del retracto por vía administrativa.
