Este jueves se cumplen cuatro años del incendio en el paraje de Las Peñuelas en Moguer , que afectó a un total de 10.340 hectáreas, en su mayor parte de titularidad pública y situadas en montes de los municipios de Almonte, Lucena del Puerto y la localidad moguereña. Este aniversario pone de relieve muchos de los frentes que siguen abiertos tras este importante incendio, tanto a nivel medioambiental como jurídico, ya que sigue la instrucción de este caso que dejó multitud de afectados.
Por su parte, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, han señalado que "desde 2020 se están ejecutando trabajos por 2,5 millones de euros" y en 2021 se ha puesto en marcha un proyecto de restauración por más de dos millones de euros, toda vez que de cara a 2022 se está redactando un proyecto que superará también los dos millones de euros.
El fuego comenzó a las 21,15 horas del 24 de junio de 2017, uniéndose muchos factores para su propagación con virulencia como la hora, los 42 grados de temperatura que hacía y vientos de más de 90 kilómetros por hora.
Además, obligó al desalojo de más de 2.000 personas, muchas de ellas alojadas en el Hotel Solvasa, en el Parador de Mazagón, en el camping Doñana, y otros vecinos las casas de la zona conocida como Bonares, inmigrantes de asentamientos de las zonas de Las Madres y Las Posadillas, personal del INTA y el Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche, donde falleció un lince. La infraestructura más dañada fue el citado camping, que quedó asolado y que reabrió sus puertas un año después de este siniestro.
En su momento la Junta cifró la cantidad para todo el proceso de restauración en 96 millones, mientras que la Fiscalía de Huelva la redondeó hasta los cien teniendo en cuenta que hay numerosas infraestructuras que se vieron dañadas que no son titularidad de esta administración.
Tales como cuatro líneas eléctricas de alta tensión, una línea telefónica, tres antenas de telefonía móvil, un cuartel de la Guardia Civil, el Parador Nacional de Mazagón, la zona de lanzamiento de cohetes experimentales del INTA, dos camping ocupados en el momento del incendio y que tuvieron que ser desalojados, gaseoductos e instalaciones de perforación, instalaciones militares del Campo de Tiro del Médano del Loro o cinco posos artesianos del Ayuntamiento de Moguer, entre otras.
Rápidamente aquella mañana de domingo se instaló el Puesto de Mando Avanzado en Mazagón, al que acudieron varios representantes políticos como la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o los exministros del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la de Empleo, la onubense Fátima Báñez, así como el exconsejero de Medio Ambiente, José Fiscal, y alcaldes de la zona, que iban informado a la prensa de la situación, momento en el que nadie "descartaba el factor humano".
El fuego se dio por extinguido el 4 de julio de 2017 gracias a la actuación de los 700 efectivos, entre bomberos forestales del Plan Infoca, agentes de medio ambiente, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) y de la Unidad Militar de Emergencia y, dos meses después, la citada BIFF apuntó en su informe como causa del citado incendio a una "negligencia por descuido" de una carbonería de la zona, así como que un día después del inicio del fuego desde la empresa se envió maquinaria pesada para realizar "movimientos de tierra".
En cuanto a la causa judicial, que lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer, la instrucción aún no ha finalizado constando como investigada la citada carbonera con más de 200 perjudicados.
La respuesta de la ciudadanía fue masiva y solidaria y desde el primer momento quiso colaborar para recuperar un enclave tan emblemático como este. De hecho, se conformaron varios grupos de voluntarios que han trabajado en la zona en distintas campañas acompañados de monitores especializados. A su vez la Junta impulsó varios programas de sensibilización y educación ambiental para la conservación de la biodiversidad en el área afectada y en Doñana.
REINVINDICACIONES DE LOS AFECTADOS
Por su parte, perjudicados por el incendio siguen cuatro años después lamentando que "ni el gobierno anterior de la Junta ni el actual han hecho nada" ante sus casos.
Así lo ha puesto de manifiesto Ángel Ruiz, uno de los perjudicados, quien ha remarcado que "cuatro años después sigue sin celebrarse el juicio penal", toda vez que ha señalado "responsabilidad civil subdiaria" de la Junta porque la zona no estaba, como ha continuado, lo limpia que debería de rastrojos y demás.
Así las cosas, ha lamentado que durante estos años, con sus respectivos cambios de gobierno en la Junta y en Madrid, los damnificados "no han conseguido ningún tipo de ayuda", al tiempo que ha apuntado que han denominado el siniestro como 'incendio de las Peñuelas' para, a su entender, restarle envergadura al mismo.
