La nueva fase de las votaciones para cambiar de nombre al estadio municipal de fútbol ‘Ramón de Carranza’, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, arrancaba este pasado lunes y lo hizo con nuevas denuncias, en concreto la de una Plataforma que aseguró que uno de sus miembros pudo votar con la identidad del alcalde.
Concretamente, la Plataforma Estadio Carranza aseguraba en un comunicado que el nuevo sistema de votación, que se repite después de que las primeras fueran denunciadas por infringir la Ley de Protección de Datos, es “una chapuza que permite la suplantación de identidad”. “El sistema puesto en marcha por el Ayuntamiento, sin previa comparecencia ni acreditación del votante por algún medio de los reconocidos en derecho (clave, solicitud escrita previa, certificado digital, etc.) permite que cualquiera que obtenga un número de DNI de un tercero y la fecha de nacimiento del mismo vote suplantando a esa persona”, indicaba para asegurar que “como prueba de ello” un miembro de la Plataforma ha podido votar esta misma mañana usando el DNI y la fecha de nacimiento del alcalde de Cádiz, José María González Santos.
Y nada más conocerse dicha información, el regidor gaditano salió al paso para señalar que “es algo gracioso y serio, al mismo tiempo, porque alguien se ha visto empujando a cometer delitos para tratar de socavar nuestro proceso”, criticó el alcalde. Y es que “el interés de algunos por paralizar el proceso de sustitución del nombre del actual estadio Ramón de Carranza les haya llevado a infringir la ley”, dejando caer que no descartaba denunciar la suplantación de sus datos para concluir insistiendo en que “el nuevo proceso sí sigue la normativa de protección de datos”.
Pues bien, este medio ha podido saber que desde la Policía Local de Cádiz se han iniciado unas diligencias para recabar toda la información al respecto, la cual será trasladada a la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional que es la competente en la investigación en este tipo de delitos.
Fuentes cercanas a la misma indican que “hablamos de un delito que es más grave de lo que en un principio puede parecer, la suplantación de identidad ya es de por sí grave, pero aún lo es más si hablamos de suplantar la identidad de un cargo electo”, que podría suponer un agravante.
Así, el sistema legal castiga en el artículo 401 del Código Penal este delito con penas de prisión de seis meses a tres años en los casos más graves, aunque si no existe perjuicio para la víctima de la misma las penas no alcanzan tal gravedad. .
También aseguran que la investigación se podría ampliar no solo a la persona que ha suplantado la identidad del alcalde de Cádiz sino también a aquellas que conocieran el delito y no lo denunciaron.
De hecho, días atrás, se hizo público que la Audiencia Provincial de Madrid condenaba a un año y nueve meses de prisión a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, por falsificar un DNI para que un amigo suyo hiciera la prueba de selectividad en su nombre en septiembre del 2012. Y es que, como dijese el alcalde, “es algo gracioso” pero también “serio”.
