La presidenta de Diputación, Irene García, ha expuesto las principales intervenciones que emprenderá este año la institución provincial en coordinación con los ayuntamientos. Y lo ha hecho en dos foros telemáticos: en el seno del Consejo de Alcaldías, al que pertenecen los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, así como en un encuentro celebrado con los alcaldes y alcaldesas de localidades de mayor población. Irene García ha indicado el alcance de nuevos instrumentos, así como el de iniciativas que se diseñaron tras la irrupción de la pandemia y que ahora se fortalecen. Todos están consignados en el presupuesto de Diputación y suman un importe cercano a los 50 millones de euros.
El Campo de Gibraltar recibirá 4.010.000 euros de esta partida. Algeciras, La Línea y San Roque, con mayor peso poblacional, recibirán 570.000 euros por municipio; a Los Barrios y Tarifa se destinarán 450.000 euros a cada uno; en el caso de Jimena serán 400.000 euros; a Castellar y Tesorillo irán 350.000 euros por localidad; las ELA tarifeñas de Facinas y Tahivilla recibirán 150.000 euros cada una.
“Desde el ámbito de la Diputación se trata de una movilización de recursos públicos sin precedentes”, ha valorado Irene García quien ha recordado que ese esfuerzo se concreta en el presupuesto de 2021. Las cuentas en vigor recogen las demandas de grupos políticos, sectores económicos y sociales y son el resultado de una consulta abierta por la presidenta de Diputación a finales de 2020.
El desarrollo de cada programa será paulatino si bien en junio todos estarán activos. Al Pleno del próximo 17 de marzo se planteará la aprobación del Plan de Dinamización Municipal y, también en marzo, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia las bases de los planes social y de empleo. En general se va a agilizar el tránsito administrativo de cada programa y así facilitar la planificación de los ayuntamientos. En los municipios, con esta asistencia de Diputación, habrá una continuidad en la cobertura pública dedicada a empleo, ayudas sociales y servicios públicos, ya que cuando concluyan todos los programas que se desplegaron en 2020 –aún en ejecución en algunos casos- comenzarán los que se promueven en el actual ejercicio.
Hay tres iniciativas que tendrán incidencia en los 45 municipios de la provincia de Cádiz. Se trata del Plan Extraordinario de Inversiones cifrado en 16 millones de euros y para el que Diputación ha concertado un préstamo; del Plan Extraordinario de Empleo, dotado con 10,2 millones de euros; y el Plan Social –continuación del COVID Social- que aplica 3 millones de euros.
Además de esos tres recursos citados, los municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas son también destinatarios del Plan de Dinamización Municipal que aglutina 870.000 euros; la séptima edición del Plan de Cooperación Local que comprende casi 4,4 millones; el programa de inversiones para un desarrollo energético sostenible, que conlleva 780.000 euros; la recuperación de planes provinciales por un importe de 6 millones de euros; una inversión de 1,2 millones de euros en mejora de caminos rurales; así como algo más de 3 millones de euros para el fomento de economías bajas en carbono mediante la implantación de sistemas de eficiencia energética.
En suma, se reservan a los municipios con menos de 20.000 habitantes 29,4 millones de euros, mientras que las ciudades de mayor población serán destinatarias de 16,7 millones. A estas previsiones hay que añadir 3 millones de euros destinados a actuaciones específicas que se regulan mediante convenios nominativos.
Con todo, esta cobertura “sostenida con fondos propios de Diputación” –según destacó Irene García- no se agota en las medidas indicadas. Esos medios se fortalecerán con programas habituales, como es el caso del Plan Provincial de Obras y Servicios, así como con los recursos que se obtengan cuando se conozca la liquidación del presupuesto de 2020.
Reivindicación de los municipios
Alcalá de los Gazules, El Gastor, Olvera, Algodonales, Guadalcacín, Medina, Alcalá del Valle, Setenil, Ubrique, Chipiona... desde esos ayuntamientos, a través de sus alcaldes y alcaldesas comparecientes en el Consejo de Alcaldías, se valoró el esfuerzo de Diputación a la hora de movilizar recursos en unas circunstancias económicas y sociales muy adversas. Indicaron que, más allá de esa dedicación, se encuentran sumidos en una situación de “abandono institucional, sobre todo por parte de la Junta de Andalucía”.
Esa percepción de “soledad absoluta” fue transmitida por Irene García en la rueda de prensa posterior. La presidenta de Diputación también anunció otra de las decisiones adoptadas en el Consejo frente a la que no se planteó objeción alguna: organizar un acto de todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz que permita mostrar públicamente “ese grito desesperado”, considerando que son las entidades locales las que han encarado los problemas de sus vecinos “sin competencias, sin ayuda económica y sin diálogo”.
Irene García expuso un ejemplo de estas dificultades. En concreto se refirió a un plan de ayudas al comercio y a la hostelería –cifrado en 1,5 millones de euros- que Diputación había incorporado a las previsiones de 2021. Esa reserva no se podrá aplicar en los términos planteados, a tenor de los “reparos” expresados en un informe de la Intervención de la institución provincial para motivar la falta de competencia de Diputación.
En la reciente visita del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, a la sede de Diputación “le expuse la necesidad de abrir alternativas” que permitan una asunción de competencias a favor de los ayuntamientos “pero con su financiación, tal como ya se ha hecho por ejemplo en la Comunidad Valenciana”. Ese planteamiento sigue, hasta ahora, sin respuesta.
