La Xunta plantea al Gobierno un convenio para ampliar protección del Pazo de Meirás

La Xunta ha remitido al Gobierno una propuesta de convenio con el objetivo de ampliar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Pazo de Meirás a los bienes muebles, que deben considerarse "inseparables" del inmueble.

Se trata de proteger los valores culturales de las Torres de Meirás como sitio histórico, según explica la Xunta en una nota de prensa, y dar así cumplimiento al acuerdo unánime alcanzado por el Parlamento de Galicia esta semana, en el que se insta a proteger los bienes muebles del pazo, ante la sentencia de la Audiencia de A Coruña que permite su retirada por parte de la familia Franco.

El Ejecutivo autonómico quiere, de esta manera, articular la colaboración y coordinación entre ambas administraciones y ampliar "el clima de cooperación" que, asegura, caracteriza el proceso en defensa de los intereses del patrimonio de todos los gallegos, como el Pazo de Meirás.

La propuesta de la Xunta es que la Administración General del Estado debe "interesar" a la Consellería de Cultura, como forma de colaboración en la ejecución de las competencias estatales, para la modificación de la declaración de interés cultural y ampliar esta protección del inmueble a los bienes muebles.

La Xunta recuerda que la entrega provisional del pazo al Estado el pasado mes de diciembre permitió avanzar en el conocimiento de los elementos vinculados a él, lo que haría posible extender ahora la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de Meirás, aprobada en 2008 con la categoría de sitio histórico.

En base a la normativa estatal y autonómica, en concreto la Ley 16/1985 de protección del patrimonio histórico español, la Xunta entiende que la colaboración entre ambas institución permitiría contribuir a la protección del BIC.

El convenio propuesto pretende interesar la adopción de medidas a la Xunta, teniendo en cuenta el marco competencial de cada una de las partes, en este período intermedio entre la ejecución provisional de la sentencia de la Audiencia provincial -asumida por el propio Gobierno central en coherencia con lo defendido en el pleito- y hasta que las resoluciones judiciales adquieran firmeza.

Este jueves, la empresa de mudanzas contratada por la familia Franco no pudo entrar en el Pazo de Meirás para iniciar el traslado de los bienes, ya que un vigilante de seguridad de una empresa privada les denegó la entrada al inmueble, por lo que ya han anunciado que demandarán al Estado en los juzgados.