Piden 11 años a dos empresarios por expoliar patrimonio a dos mujeres enfermas

La Fiscalía ha pedido en sus conclusiones provisionales 11 años y medio de prisión para dos responsables de unas sociedades acusados de estafa continuada y falsedad documental, hurto y apropiación indebida por haberse hecho con el patrimonio de una anciana de Granada con alzheimer y de su hermana enferma.

El Ministerio Público, según el recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, considera a Antonio T.P. y José Luis M. coautores de estos delitos y solicita además su inhabilitación para el ejercicio de actividades inmobiliarias durante el tiempo de condena.

La Fiscalía relata que, en fecha no concretada de 2014, como socio y administrador único de la mercantil Intergran 2014 SL, dedicada a la instalación de calefacción, los acusados concertaron con el presidente de una comunidad de propietarios de un edificio de la avenida de América de Granada, donde vivía la denunciante, la reforma del sistema de calefacción.

Tras materializar las obras, fueron contratados como encargados del mantenimiento de dichas instalaciones de calefacción y, con ánimo de embaucar y ganarse la confianza de la denunciante, que vivía sola y tenía entonces 79 años, iban a verla con cierta asiduidad.

Comenzaron a ofrecerse para hacerle distintas gestiones como traerle la compra, arreglarle cualquier chapuza en el domicilio o ir a cobrar algún cheque al banco, algo que ocurría en los dos domicilios en los que la anciana residía por temporadas, situados en Lorca (Murcia), donde tenía un apartamento, y en Granada capital, donde hicieron algunos trabajos de pintura o suelo de parqué.

En 2016 la denunciante encargó también a los acusados una serie de arreglos para su hermana en La Zubia (Granada) y, a raíz de enfermar esta última, le adaptaron un cuarto de baño de otra vivienda a las necesidades que precisaba, por lo que le entregaron las llaves de este inmueble.

El Ministerio Fiscal indica que, aprovechando la confianza que se habían ganado de la anciana y la minusvalía psíquica que sufría por un alzheimer leve que mermaba sus facultades, la convencieron para firmar un poder a su nombre con diferentes argucias y bajo el pretexto de que era necesario para hacer una gestión administrativa concreta.

De esta forma, sin su consentimiento, lograron que les otorgara un poder general de disposición a favor de los acusados ante un notario de Murcia en diciembre de 2015 y, a continuación, crearon como socios una empresa ficticia (Transfer Patrimonial SL) a la que iban a traspasar todos los bienes que fraudulentamente iban a adquirir de la denunciante y en ejecución de un plan preconcebido.

Con tal poder llevaron a cabo distintos actos de disposición en perjuicio del patrimonio de la denunciante, sin conocimiento ni consentimiento de esta, como la venta del piso de la avenida de América de Granada por un precio muy inferior a su tasación y mediante la entrega ficticia de un cheque bancario nunca cargado.

Para dotar de apariencia de legalidad al contrato de venta simulado, los acusados imitaron incluso la firma de la anciana con el fin de lucrarse ilícitamente de ella y de defraudarla.

También efectuaron otras operaciones similares con dos plazas de garaje, dos fincas rústicas dedicadas al cultivo de olivos y un local urbano, ambos en el municipio de Güevéjar.

Asimismo, sin que conste el empleo de fuerza ni violencia ya que tenían las llaves de las viviendas, sustrajeron joyas y mobiliario de la mujer tasados en 80.000 euros.

Con igual ánimo e idéntica forma de proceder, los acusados, que serán juzgados desde este próximo miércoles en la Audiencia de Granada, actuaron respecto a la hermana de la denunciante, que movida por la confianza depositada en los acusados le encargó la venta de su vehículo y la compra de otro más pequeño.

Cuando estaba en el hospital afectada por distintos tumores que llevaron a su fallecimiento, se personaron en este centro junto a un notario y consiguieron también que le otorgase testamento en el que nombraba a su hermana heredera universal, para conseguir expoliar todo el patrimonio a través del poder general de disposición que tenían otorgado, según relata la Fiscalía.