La teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Laura Álvarez, ha advertido hoy de que el Ayuntamiento de Jerez pedirá tanto a la Mesa del Parlamento como a la propia Cámara de Cuentas de Andalucía que se aclaren las “posibles irregularidades” en las que este último órgano podría haber incurrido en el procedimiento de fiscalización de la gestión municipal correspondiente al ejercicio 2018.
Álvarez entiende que tanto la Mesa del Parlamento como la Cámara de Cuentas “deben tener conocimiento” de la “deriva” que ha seguido todo el procedimiento, que ha salido a la luz pública después de que este órgano de control anunciara este martes el inicio de un proceso de fiscalización de la gestión municipal que en realidad arrancó en septiembre de 2019 y que precisamente ahora debería estar ya finalizando.
Como telón de fondo se encuentra la sospecha del Gobierno local de que en las últimas semanas se hayan dado instrucciones políticas para solicitar al Consistorio informaciones que se pueden “relacionar claramente” con el caso de supuesto espionaje político denunciado ya ante la Justicia y que afecta a una funcionaria militante del PP.
Una de las claves del procedimiento es la ausencia desde el inicio del proceso de fiscalización de un documento de directrices técnicas que concretara los objetivos de ese trabajo, algo que “nunca remitieron” al Ayuntamiento desde la Cámara de Cuentas, algo “sorprendente” si se tiene en cuenta que ese documento “tendría que ser el primero” que se conociera.
El Gobierno local pudo comprobar además cómo todos los documentos de directrices técnicas de los procesos de fiscalización de diferentes ayuntamientos andaluces estaban publicados en la Cámara de Cuentas a excepción del que afectaba a Jerez.
Desde que en septiembre de 2019 se iniciara el proceso, el Consistorio jerezano ha remitido 123 informaciones de distinta índole solicitadas por este órgano de control, además de haber recibido hasta seis visitas de sus inspectores y de completar un par de cuestionares en los que se abordaban temas económicos, presupuestarios o de gestión de los recursos humanos, entre otras materias.
En diciembre de 2020 “parecía que ya se estaba finalizando el trabajo” y sin embargo en enero de 2021 se empiezan a recibir peticiones “que tienen relación” con la investigación iniciada sobre dos funcionarios municipales y que se extendían además a los ejercicios 2019 y 2020, que ni siquiera formaban parte del supuesto objeto de la fiscalización.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento insistió en conocer el documento de directrices técnicas que debía guiar la auditoría, encontrándose con la sorpresa de que “aún no estaba aprobado” a pesar de que teóricamente el trabajo estaba ya en su fase final.
El pasado 9 de febrero se remitió un escrito a la Cámara de Cuentas advirtiendo de que se estaba “ampliando sobre la marcha el ámbito de la fiscalización” y apenas unos días después es cuando este órgano emite una nota de prensa anunciando el inicio de un proceso que curiosamente había arrancado en septiembre de 2019.
