Entre los atropellos inextinguibles que la pandemia de la Covid ha desterrado a un plano residual de interés político e informativo, hay uno de nefastas consecuencias para centenares de miles de consumidores y del que apenas se escribe o se habla en los últimos meses: la pendiente resolución judicial de numerosísimos recursos sobre las cláusulas suelo que se vieron obligados a presentar hipotecados de todo el país ante la negativa de un elevado porcentaje de bancos a devolver lo cobrado indebidamente a sus clientes.
Tras una sentencia demoledora contra la banca del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno central -con Rajoy como presidente- aprobó en enero de 2017 un decreto que regulaba la devolución extrajudicial de estas cláusulas abusivas. Sin embargo, no pocas entidades financieras esquivaron esta herramienta y empujaron a sus víctimas inocentes a tener que acudir a los tribunales para reclamar lo que es suyo.
La justicia hizo un esfuerzo considerable en los últimos años para resolver estas reclamaciones, pero el colapso de los juzgados es de tal calibre que el aluvión de recursos suma ya 4 años de retraso sin que ni el ejecutivo nacional ni el Consejo General del Poder Judicial hayan aportado una pronta resolución a los sacos de demandas acumuladas. Con su proceder, a todas luces insuficiente e inoperante, no solo han oxigenado a la banca, sino que se han convertido en cómplices de la táctica premeditada de las entidades financieras para disuadir a los prestatarios de denunciar ante los larguísimos recursos a los que se enfrentan, invitándoles a aceptar acuerdos muchas veces leoninos y perjudiciales para evitar prolongar situaciones ilegítimas e insostenibles, como las que mantienen algunos bancos que aún siguen cobrando estas cláusulas.
Las organizaciones de consumidores ya advirtieron de que se producirían dilaciones indebidas contrarias a la Ley que están perjudicando a propietarios que han debido renunciar incluso a sus viviendas ante la imposibilidad de seguir pagando onerosos préstamos que se aliviarían en tiempo o cuota mensual en cuanto les reintegraran lo que nunca debieron pagar.
El Gobierno y el Poder Judicial tienen que acelerar la devolución de estas cláusulas, sin perder de vista otro conflicto a punto de estallar entre los bancos y los hipotecados: ¿cuándo le van a poner el cascabel al gato del Euribor en negativo (-0,5 en estos momentos) por debajo del diferencial de las hipotecas variables? Digan lo que digan sobre la lógica financiera, la banca pierde en esta ocasión y tendrá que reducir el capital de amortización mientras el principal índice de préstamos hipotecario siga en estos dígitos.
