Acepta una multa y trabajos a la comunidad por no dar de alta a su plantilla en la Feria

Un empresario que empleó a unas cincuenta personas en varias casetas de la Feria de Abril de Sevilla sin darlas de alta en la Seguridad Social, a pesar de que fue avisado por la Inspección de Trabajo, ha aceptado una condena de medio año de cárcel, aunque la evitará si paga una multa y trabaja en beneficio de la comunidad.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha juzgado este jueves a J.G.B., para quien la Fiscalía pidió inicialmente tres años de prisión y el pago de una multa de 2.700 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Antes de la vista oral, sin embargo, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad, de modo que el encausado ha reconocido los hechos y ha aceptado ser condenado a seis meses de reclusión y al pago de una multa de 900 euros, según han informado fuentes del caso a Efe.

El tribunal, que ha dictado sentencia en la misma sala, también ha acordado suspender la ejecución de la pena durante cuatro años, por lo que J.G.B. no entrará en prisión siempre que abone la multa, no cometa ningún delito en el plazo estipulado y realice trabajos en beneficio de la comunidad durante dos meses.

"Lo voy a cumplir con todas las condiciones y con todo mi esfuerzo. Mi familia también me va a ayudar a salir adelante. No se preocupe usted", le ha dicho el acusado al presidente del tribunal.

"Me hago responsable de todo lo ocurrido", ha agregado el procesado, quien también ha achacado la infracción a una descoordinación entre una administradora de su empresa y su gestor.

Al mostrarse conforme con la condena, el acusado ha reconocido que el 21 de abril de 2015, martes de Feria, la Inspección de Trabajo supervisó su actividad en el Real, donde se encargaba de explotar el ambigú y proveer de comidas y bebidas a tres casetas.

El encausado, que había contratado a 48 trabajadores para el 20 y el 21 de abril y acumulaba una plantilla total de 50 personas, dio de baja a 45 con efecto ese mismo día 21 tras la inspección, aunque "aprovechando la posibilidad que ofrece la legislación, llevó a cabo la comunicación oficial a los seis días con efectos retroactivos", según explicó la Fiscalía en su escrito de acusación.

Más tarde, el 30 de abril, comunicó la baja de otros cuatro empleados con efecto retroactivo al día 24.

"No obstante", según el Ministerio Público, J.G.B. "continuó utilizando los servicios de los trabajadores contratados, que significaban hasta un 98 % de la plantilla", desde el 22 al 26 de abril, de miércoles a domingo de Feria, "sin que estuvieran dados de alta en la Seguridad Social".

Las casetas a las que abastecía el encausado y en las que ejercían distintas funciones los trabajadores en situación presuntamente irregular eran las de Mercasevilla, 'Los cinco faroles' y 'Cambio de tercio'.