Unas 260 familias que compraron viviendas que nunca les fueron entregadas debido a la situación sufrida por algunas empresas constructoras en la anterior crisis económica han recuperado ya el dinero que anticiparon en ese momento para adquirir sus pisos. El montante global asciende hasta ahora a aproximadamente 13 millones de euros.
Así lo ha asegurado a Europa Press el letrado Carlos Cómitre, de Ley 57 Abogados, despacho que ha coordinado más de 300 demandas presentadas, a través de la plataforma SOS Vivienda, ante los juzgados de Primera Instancia malagueños por parte de los compradores perjudicados con el fin de recuperar su dinero.
Según ha explicado, miles de familias aprovecharon los precios bajos de promotoras como Aifos para decidirse a cambiar de residencia, adquirir la primera o simplemente tener un lugar de vacaciones; pero "la combinación fatal de un crecimiento irresponsable y el estallido de la burbuja inmobiliaria llevó a las promotoras al concurso de acreedores".
El resultado fue, ha recordado, "decenas de obras abandonadas y miles de viviendas sin entregar", precisando que "solo contando con el concurso de Aifos atrapó a 5.000 acreedores y la empresa, en liquidación desde 2014, como tantas otras, carece de recursos para devolver nada a los compradores de pisos inacabados, a los que la ley concursal no otorga prioridad alguna".
El letrado ha indicado que muchas familias siguieron la vía abierta en 2015 por el Tribunal Supremo por la que se puede pedir responsabilidades a las entidades financieras "a la hora de devolver aquellos ingresos que o bien avalaban o recibían sin el aval obligatorio establecido por una vieja ley del año 68, hoy ya derogada".
Así, 260 familias que iniciaron este camino "ya han recuperado aquello que habían pagado por su piso no entregado", ha señalado Cómitre, quien ha apuntado que otro centenar de perjudicados "todavía sigue a la espera del juicio o de que se resuelvan los recursos correspondientes".
También ha explicado que numerosos afectados están aún pendientes de recopilar la documentación para poder iniciar el proceso, ya que "muchas veces son documentos de 2003 a 2005 que no son fáciles de conseguir". Además, al menos una decena de asuntos relacionados con pisos originalmente vendidos como turísticos "pero que eran para uso permanente", están pendientes en el Tribunal Supremo, al haber sido considerados "inversores" y por ello no protegidos por la ley del 68.
El abogado ha recordado que "el plazo para reclamar se acaba a finales de este mes", incidiendo en que "aquellos procedimientos que no se hubieran iniciado antes, se considerarán prescritos pues en el año 2015 se modificaron los plazos de prescripción de 15 a cinco años".
