El pasado 6 de noviembre quedaba en libertad el principal investigado por la muerte de Ángel Fernández, víctima de una reyerta en El Torrejón el 16 de septiembre en la que recibió multitud de golpes y puñaladas.
Este hecho supuso un duro revés para la familia de la víctima, que ya anunció que presentaría un recurso, y ahora su abogado, Marcos García Montes, ha presentado formalmente este recurso de reforma, en el que más allá de los motivos por los que no están de acuerdo con la puesta en libertad de C.N. O (previo pago de una fianza de 5.000), insiste en que ese auto de puesta en libertad debe ser declarado nulo porque no se habría tenido en cuenta a la acusación particular.
En el recurso, presentado el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, se indica que el auto de puesta en libertad refleja que “no constan alegaciones por la acusación particular”, y ahonda en esta idea a afirmar que “por la acusación particular nada se ha alegado”.
Sin embargo, la acusación particular insiste en que sí se presentó un escrito de alegaciones oponiéndose a la solicitud de libertad de la defensa de C.N.O.
“Las alegaciones han sido efectuadas por esta acusación particular, quien se opuso, en tiempo y forma, rotundamente a la libertad condicional solicitad, pidiendo expresamente el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional sin fianza”, reza el recurso de reforma.
Por todo ello, García Montes insiste en que el auto de puesta en libertad “se ha dictado prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, por haberse dictado ‘inaudita parte’, ocasionando con ello una indefensión a la familia de la propia víctima que, de ‘factum’, ha visto denegado su derecho a efectuar las alegaciones a la que tenía derecho con respecto a la puesta en libertad de la persona investigada como autor de la puñalada mortal a Ángel Fernández y, en todo caso, como partícipe en el brutal linchamiento que condujo a su fallecimiento”.
Nulidad
En conclusión, la acusación particular entiende que la resolución dictada por el juzgado “incurre en una vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, causando un daño irreparable e insubsanable a esta parte, perjuicio que sólo podrá verse enmendado si se admite y estima la nulidad interesada en el presente recurso”.
Por ello solicita un nuevo auto decretando la nulidad del primero y el mantenimiento de la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza.
