El Ministerio de Hacienda no ha ofrecido ninguna alternativa a las comunidades autónomas tras el impago de los 2.500 millones del IVA de 2017 y se enfrenta a un reguero de denuncias en los tribunales por parte de los gobiernos regionales del PP, pero también de al menos dos socialistas, Castilla-La Mancha y Aragón, dispuestos a presentar la denuncia si no hay pago.
El resto de comunidades socialistas apuestan más por la negociación que por un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque los ejecutivos de Baleares y de Asturias no descartan "ninguna vía". Ambos gobiernos entienden que esos fondos les "pertenecen", en palabras de la consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba, y que deben recibirlos de alguna manera, sea por vía administrativa o judicial.
La Generalitat Valenciana, La Rioja y Extremadura no hablan de momento de un recurso en los tribunales y confían en el diálogo que mantienen con Hacienda, al que varias comunidades han remitido cartas reivindicando el dinero.
En juego, 2.500 millones de euros correspondientes a 2017 que las autonomías tenían que haber ingresado en 2019. Desde el Ministerio se insiste en que no es posible ya cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio liquidado, insisten fuentes del departamento a Europa Press. Montero lo dejó claro el martes e insistió en trasladar la culpa al anterior Gobierno del PP, por la maniobra de 2017, y a quien no apoyó los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, en los que se solucionaba la cuestión.
Ante este panorama, las comunidades del PP van a seguir los pasos de Madrid, que recurrió el año pasado en la Audiencia Nacional para cobrar 377 millones del IVA de 2017. El recurso fue admitido a trámite y sigue su curso. Galicia, Andalucía y Murcia han acordado ya también llevar a los tribunales sus exigencias. Castilla y León de momento estudia el asunto.
El gallego Alberto Núñez Feijóo explicó este jueves el procedimiento, que arranca con el envío al Gobierno de un requerimiento previo para que responda en el plazo de un mes. "Si no lo hace o da una respuesta negativa, inmediatamente presentaremos un recurso contencioso administrativo, es decir, lamentablemente llevaremos a los tribunales al Gobierno", constató.
CASTILLA-LA MANCHA DECIDE EL MARTES
El impago ha levantado también a dos ejecutivos socialistas, que han ido subiendo el tono conforme han pasado las semanas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el más contundente y ha dado un plazo a Hacienda hasta el próximo martes para ofrecer una solución o su gobierno "dará instrucciones para que se establezca la denuncia".
A un paso de hacer lo mismo está el aragonés Javier Lambán, que ha hablado en varias ocasiones con el Ministerio de María Jesús Montero, lo mismo que aseguran varios consejeros de Hacienda. Asegura que él no ha encontrado "receptividad" --"si dijera que he visto receptividad, estaría edulcorando la situación"--, pero que aún espera una negativa "clara e irreversible" de Hacienda antes de recurrir a la Justicia. "No vamos a admitir que se nos escamotee el pago", ha dicho.
El dirigente aragonés ha asegurado también que las comunidades han mantenido contacto entre ellas, y que unas expresan una "remota confianza" y otras "menos remota" en que "esto se va a solucionar de una manera razonable".
La consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba, ha subrayado que esos fondos "pertenecen" a Asturias y que el gobierno autonómico no renuncia a ingresarlos, sin descartar "otra vía" distinta al diálogo si fuera necesario, tanto administrativa como judicial.
En términos parecidos se ha manifestado el Gobierno balear de Francina Armengol. Tampoco renuncia a recurrir a los tribunales, pero todavía "están en la vía de negociación".
