El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha valorado este miércoles la aprobación por la Junta del decreto ley que podría afectar a unas 11.000 viviendas irregulares en la capital cordobesa, a la hora de regularizarlas y facilitar suministros básicos de luz y agua, principalmente.
En declaraciones a los periodistas, el primer edil se ha mostrado "satisfecho porque se abre una posibilidad importante por parte de la Junta de actuar para regularizar viviendas que ahora mismo están en situación irregular".
Según ha resaltado, "una vez más se cumple con lo que se dijo previamente a las elecciones, que se iba a trabajar para que la Junta cambiara la legislación, con un protagonismo muy importante de los parlamentarios cordobeses del PP y de la Delegación Territorial de Fomento de la Junta en la provincia, que han trabajado por el cambio".
Por tanto, ha señalado que "ahora toca empezar a trabajar desde Urbanismo" ante la citada cifra de viviendas que ha ofrecido "con toda la cautela del mundo" y que "se corresponden básicamente también con las que se consideraban legalizables en el Plan General de Ordenación Urbana de 2001, toda aquellas que están en suelo urbanizable, da igual la categoría, y siempre que no correspondan a suelos especialmente protegidos, zonas de influencia cultural e indundables", ha detallado.
De este modo, ha indicado que "en principio podrían iniciarse los procesos de regularización y de dotación de servicios básicos de luz y agua", por lo que "ahora se empezará a trabajar desde el Gerencia de Urbanismo en lo que corresponde para que se den los pasos, aunque también es cierto que tiene que ser a iniciativa de cada una de las urbanizaciones afectadas, que tienen que iniciar la tramitación y presentar toda la documentación", ha precisado.
En cualquier caso, el regidor espera que "éste sea un importante avance y muchos vecinos puedan tener al menos luz y agua en sus viviendas".
En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto ley que pretende resolver el problema de las más de 300.000 viviendas irregulares que existen actualmente en Andalucía, a partir de este miércoles, con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y su entrada en vigor, según ha informado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien ha aclarado que no se trata de llevar a cabo una "amnistía".
