La situación actual de la catalogación de edificios y espacios de interés es un auténtico “desastre”. Así lo asegura el viceportavoz de Adelante Huelva, Jesús Amador, que ha presentado este lunes las propuestas relacionadas con el patrimonio de la ciudad que su formación llevará al pleno municipal de este miércoles.
Según Adelante, el Catálogo de Edificios y Elementos de Interés de Huelva está plagado de “errores e inconcreciones” y, por ello, es vital que el equipo de gobierno “se ponga a trabajar” en su modificación y actualización.
“Hay edificios que no están protegidos, edificios que posiblemente estén protegidos más allá de lo que sea pertinente y edificios absolutamente abandonados que deberían ser tomados en consideración por el equipo de gobierno para su protección”, analiza Amador.
Como ejemplos de desprotección cita la vieja prisión provincial, la antigua estación de Renfe y los edificios del siglo XIX del casco histórico, que “se están dejando caer en ruina”.
Esta situación hace evidente, según la formación, que hay que realizar “un cambio significativo, un giro de 180 grados en las políticas urbanísticas de la ciudad”, que permita desarrollar “un modelo urbano del siglo XXI”.
El nuevo modelo, apunta Amador, no sólo tiene que ceñirse a los edificios sino que Adelante Huelva apuesta por hacer una estrategia de protección mucho más amplia, que englobe también “el patrimonio cultural y natural” de la ciudad.
“Nuestra ciudad tiene una identidad compleja y diversa que está constituida por bienes materiales e inmateriales que conforman la herencia común”, explica Amador. Entre esos bienes, Adelante cita “su enclave singular, plantas y árboles significativos, restos fósiles, tradiciones, edificios, elementos muebles, restos arqueológicos urbanos y testimonios de la arqueología industrial”, así como los cabezos.
Con estas actuaciones, consideran, se podrá “solucionar el limbo normativo en el que se encuentra el Barrio Obrero”, evitar la demolición de espacios como le ocurrió al Mercado del Carmen, evitar acciones agresivas a los BIC como la que se quiere realizar junto a la Iglesia de la Concepción, o intervenciones radicales como la del edificio de Hacienda y el Banco de España.
También buscan frenar el derribo de edificios como la antigua sede de Correos, el Mercado de La Merced o la Casa de Diego Díaz Hierro y proteger otros como La Casona.
El proceso de catalogación de todos estos bienes, según Adelante, debe ser “abierto, participado” y tiene que realizarse “de forma urgente” y previa a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
