La diputada de Izquierda Unida en el grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados Eva García Sempere ha solicitado formalmente una reunión al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena, para abordar la limpieza del área bajo vigilancia radiológica de más de 40 hectáreas en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), e instar al organismo a que almacene provisionalmente los residuos sin esperar a EEUU.
En la carta remitida a Serena, la parlamentaria de IU traslada que el objetivo del encuentro es "dialogar" sobre la situación actual de la zona y "conocer de primera mano" los planes del CSN en torno a Palomares, cuyo futuro se dirime actualmente en la Audiencia Nacional en un contencioso-administrativo que insta a que se obligue al regulador a ejecutar en plazo el Plan de Rehabilitación tal y como se aprobó en 2010.
El escrito, consultado por Europa Press, señala que, ante el devenir último que se ha producido en torno a área contaminada de Palomares, lo "lógico" es que el CSN "ordene" al Ciemat que "ponga en práctica" el citado plan "sin tener en cuenta la modificación de los criterios radiológicos acordada en 2015".
Apunta, asimismo, que los 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada resultante deben ser almacenados provisionalmente donde decida Enresa, "a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene porque estar en EEUU" ya que la declaración de intenciones que se firmó en 2015 entre ambos gobiernos no ha avanzado en su realización.
García Sempere también desgrana los últimos hitos en torno a Palomares y alude al traslado en los últimos años de material radioactivo a la pedanía cuevana y sobre la que la Comisión Europea va a realizar una "investigación preliminar" ya que están en contenedores marítimos para mercancías generales, junto a terrenos de cultivo y cerca de la población".
Si bien en un primer momento, Ecologistas en Acción se interesó la intervención de la Comisión Europea al constatarse el traslado de 1.500 kilos de material radioactivo en 2016, posteriormente el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) ha reconocido que fueron casi seis toneladas las que se desplazaron en cuatro envíos desde 2011 al área contaminada de Palomares, si bien mantienen que dicho material "no supone un incremento del riesgo radiológico" en la zona.
El colectivo pidió que el transporte de material, que se hizo público a finales de 2018 y que fue reconocido a posteriori por el Ciemat, fuera incluido entre las tareas a realizar por la "misión de verificación" de la Eurocámara, que tenía previsto viajar al área bajo vigilancia radiológica para evaluar la situación y comprobar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones para la limpieza de esta zona que Bruselas fijó en un examen anterior en 2010.
CONTENCIOSO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Por otro lado, la Audiencia Nacional mantiene abierto un contencioso-administrativo en el que se dirime, entre otros aspectos, el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar que ha variado con respecto a lo previsto en el plan de rehabilitación aprobado en 2010 para la zona si bien la Abogacía del Estado ha negado que esto se deba a una modificación de los criterios radiológicos.
Ecologistas en Acción sostiene, sin embargo, que el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, "modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar y tamizar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos aproximadamente", y, después, firmó el acuerdo para el traslado y almacenamiento de los residuos generados con EEUU, que habría condicionado la rúbrica a estos cambios "por motivos políticos, sin base científica".
La Abogacía del Estado argumenta, sin embargo, que en el transcurso del tiempo "se ha dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente para determinar los valores de concentración de actividad (niveles derivados) y que esto "incide en el volumen de tierra a retirar, sin que se haya producido modificación alguna en el nivel de intervención de 1mSv/año, valor mínimo" de radiación a percibir por la población.
La Abogacía del Estado ha admitido, asimismo, en la causa la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter "preliminar".
Reconocía, en esta línea, que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio".
La Audiencia Nacional ha aceptado como prueba el informe remitido al Congreso de los Diputados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se insta a que se "analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes" la zona contaminada con radioactividad en la pedanía de Palomares para evitar "efectos inaceptables en las personas y en el medio ambiente".
