El abogado de Bernardo Montoya solicita su puesta en libertad

Miguel Rivera, abogado defensor de Bernardo Montoya, en prisión preventiva por la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) el pasado diciembre, ha solicitado hoy ante el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino (Huelva) su puesta en libertad provisional.

En declaraciones a Efe, Rivera ha explicado a las 8:45 horas ha remitido al juzgado dicha petición que basa, principalmente, en el hecho de que no se cuenta con el audio de la primera declaración judicial de su cliente en la que se inculpaba de la muerte de la joven.

La ausencia de ese audio es debido a que la falta de conexión del cable al equipo informático impidió que se pudiera llevar a efecto la grabación.

Rivera, basándose en jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, así como en distintos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, asegura que "la transcripción de esa declaración -que es con lo que se cuenta- es válida para agilizar y facilitar consultas pero no como medio de prueba, para ello, sólo se reconoce el soporte digital o multimedia".

Esto implica, ha añadido, que "la primera declaración es como si no existiera y que mi cliente está en prisión sin ser oído", máxime cuando en la segunda declaración de principios de abril, "negó su autoría y reiteró su inocencia", culpando a una exnovia de la muerte de Laura Luelmo.

El abogado, que reconoce que es difícil que su petición prospere, ha indicado, sin embargo, que de no concedérsele la puesta en libertad "se está incurriendo en la vulneración de derechos fundamentales".

La petición será trasladada en los próximos días por parte de la secretaria judicial a la Fiscalía y a la acusación particular para que presentes alegaciones y, posteriormente, decidirá la titular del juzgado, algo que Rivera no espera que ocurra antes de un mes.

La Fiscalía ya se manifestó sobre este asunto de no contar con el audio de la primera declaración asegurando que ello no debe suponer un problema porque considera que la transcripción de la misma por parte de la secretaria judicial tiene la misma validez.