La Guardia Civil, en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, han identificado y tomado declaración en calidad de investigados a 25 internos de diferentes cárceles españolas, acusados de formar parte de un grupo afín a DAESH que se dedicaba a la radicalización de otros presos. Es la primera operación de estas características llevada a cabo en Europa contra un entramado alineado con la estrategia de DAESH.
Así lo ha informado el Ministerio de Interior en un comunicado en el que señala que el grupo estaba integrado por varios dinamizadores que, además de dedicarse a captar internos de la órbita de DAESH, también buscaban cohesionar a los presos encarcelados por delitos de terrorismo. Así, pretendían fraguar el embrión de lo que podría considerarse un "Frente de Cárceles" yihadista.
Apuntan desde el Ministerio que este hecho pone de relieve que, la mayoría de los individuos investigados, lejos de alcanzar los objetivos de reinserción social, se han mantenido activos en la militancia yihadista, acrecentando su proceso de radicalización durante su estancia en prisión.
Según explica el comunicado, el objetivo de la operación ha sido recopilar pruebas que permitieran esclarecer la actividad del grupo investigado, que está compuesto por presos con antecedentes previos por delitos de terrorismo yihadista, como por presos comunes cuyo proceso de radicalización se ha iniciado durante su estancia en prisión.
La investigación, además, señala que la actividad del grupo podría ir más lejos de su finalidad proselitista, si se tienen en cuenta los ataques yihadistas en el interior de la prisión en la prisión francesa de Osny en 2016, y el protagonizado en 2018 en Lieja (Bélgica).
Aunque la investigación comenzó sobre un interno en un centro penitenciario en particular, en la actualidad la actividad ilícita se extendía a 17 centros, lo que supone el 55 por ciento de las prisiones que alojan presos vinculados al terrorismo yihadista.
PROCESO DE CAPTACIÓN
Para el proceso de captación y adoctrinamiento, el grupo combinaba la interacción física entre internos, dentro de los propios centros penitenciarios, con la relación a través de cartas, algo que permitía establecer comunicación con reclusos ubicados en distintas prisiones.
Desde Interior destacan los mecanismos de control establecidos en la normativa penitenciaria, así como la monitorización del fenómeno de la radicalización yihadista llevada a cabo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Para eludir estos mecanismos de monitorización y prevención, los reclusos recurriían a vías alternativas como el empleo de otros internos no sujetos a especial vigilancia.
El operativo coincide temporalmente con el momento de máxima población reclusa por motivos de terrorismo yihadista, fruto de la intensa actividad desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los últimos años.
