“Creo sinceramente que una ley aprobada por los representantes legítimos de los ciudadanos de España (...) debe siempre entenderse que es constitucional por respeto a esa voluntad de las Cortes Generales mientras que el tribunal, de manera expresa e inequívoca a través de una sentencia, no diga lo contrario”, afirma Caamaño en una entrevista con Efe.
—¿Está preocupado el Gobierno por las consecuencias que para la estabilidad política del país y para las relaciones entre Cataluña y el resto de España tendría una sentencia contraria a la constitucionalidad del Estatut?
—El Gobierno no tiene ninguna preocupación específica en torno a esta sentencia. Hay que dejar que el TC lleve a cabo su tarea y que el día que dicte su sentencia, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, todos la acatemos y la cumplamos.
—¿Hasta dónde está dispuesto a llevar el Gobierno la defensa de la constitucionalidad del Estatut?
—El Gobierno va a cumplir la sentencia en sus justos términos, como no puede ser de otro modo, dado que es el pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución.
—Pero será difícil explicar en Cataluña que ciertos aspectos de una ley que ha recibido el respaldo de la mayoría absoluta en el Congreso y que ha sido aprobada luego en referéndum vayan a ser declarados inconstitucionales.
—En un Estado democrático, de alguna manera todos somos intérpretes de la Constitución (...), pero este juego democrático de los intérpretes constitucionales tiene un lugar de cierre, y ese lugar de cierre se llama, en el debate jurídico, no en el político, Tribunal Constitucional. Yo creo que políticamente el debate sobre el Estatuto de Cataluña fue en su día decidido por los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. La ley tuvo el voto mayoritario de los representantes del pueblo español, que es quien la aprueba, porque lo que viene de Cataluña es la aprobación de una proposición. Quien aprueba la norma como tal -después la refrenda el pueblo de Cataluña- son las Cortes Generales. Ese fue el debate político.
—¿Y en qué punto estamos ahora?
—Lo que ahora tenemos es un debate exclusivamente jurídico. Y yo creo que no debemos mezclar nunca los tiempos de la política con los tiempos de la Justicia. Estoy seguro de que los catalanes, como cualquier otro ciudadano español, están de acuerdo en que quien cierra el debate jurídico es el TC y que, por tanto, lo que él diga en su sentencia (...) tiene que ser cumplido y acatado.
—¿No es muy difícil separar el debate jurídico del político? Desde la Generalitat de Cataluña ya se ha advertido de que un fallo adverso tendrá consecuencias para el Gobierno de España.
—Yo estoy absolutamente de acuerdo con el presidente del Gobierno: dejemos que el tribunal realice su trabajo y después, una vez que exista esa sentencia, tomemos, hablemos, discutamos y hagamos valoraciones políticas de otro tipo. Yo creo que eso es lo sensato en este momento. Dejar con tranquilidad que el TC realice su cometido constitucional.
— ¿La situación interna del tribunal –con un magistrado fallecido, otro recusado y cuatro más que debían haber sido sustituidos hace casi dos años– puede afectar a la sentencia o al menos a la imagen de legitimidad que tenga esa sentencia?
—Estoy seguro de que el TC estará, como siempre ha estado, a la altura de la responsabilidad que tiene ese órgano constitucional.
