El grupo parlamentario popular argumenta su iniciativa alegando que en los presupuestos generales de 2008 y 2009 el Gobierno estimó un crecimiento de los ingresos que no se correspondieron con lo que realmente se recaudó.
Por ello, afirma, el Ejecutivo adelantó a las comunidades y a las entidades locales unos anticipos también “muy superiores a los que corresponderían en caso de haber realizado una previsión real”.
“Las comunidades y entidades locales realizaron sus presupuestos anuales en base a dichas previsiones optimistas de ingresos, y comprometieron gasto atendiendo a los recursos facilitados por las entregas a cuenta del Ministerio de Economía y Hacienda”, sostiene la propuesta popular.
Ahora, una vez realizada la liquidación definitiva de 2008, tanto las comunidades como las entidades locales deben reintegrar parte de los ingresos al Estado.
Sin embargo, mientras que las primeras dispondrán de una moratoria de un año y podrán periodificar la cancelación de la deuda en cuatro años –según el nuevo modelo de financiación–, las entidades locales deben atenerse al sistema ordinario de liquidación.
“Esta distinción entre unas y otras administraciones territoriales resulta completamente injusta y pone en riesgo la capacidad de las entidades locales de afrontar los gastos de las competencias, en gran parte de contenido social, que vienen ejerciendo”, agrega.
