El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Loja (Granada) ha dejado al alcalde de Alhama de Granada, el popular Jesús Ubiña, a un paso del juicio por un posible delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Lo hace al entender que, durante su etapa como concejal de Hacienda, estuvo prestando simultáneamente servicios profesionales a particulares mediante la confección de proyectos para obras sujetas a licencia municipal y cuyos expedientes se han tramitado en el ayuntamiento, sin que tuviera "autorización legal" para ello.
Así, en un auto de finales de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha dado por concluida la instrucción del caso y da traslado a la Fiscalía para que en el plazo de cinco días solicite la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.
El magistrado no ve acreditada la comisión de los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio por los que también declaró como investigado el regidor el pasado verano y archiva la causa en relación a estas infracciones.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación por este asunto tras recibir la denuncia de un particular en junio de 2015 en la que se relataban una serie de irregularidades urbanísticas que se estarían perpetrando en el Ayuntamiento de Alhama.
Entre ellas se citaba una instrucción aprobada en pleno el 28 de septiembre de 2014 supuestamente para dar cobertura legal a construcciones que contravenían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por estar vinculadas sus licencias de obras y proyectos al estudio de arquitectura del regidor, que entonces era concejal Hacienda, y del edil de Urbanismo, Pablo Ariza.
La fiscal Sara Muñoz-Cobo acordó entonces la práctica de diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos y resolvió interponer denuncia contra Jesús Ubiña y Pablo Ariza al ver indicios de prevaricación, prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio y delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
