Según el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente del CGPJ rechazó por unanimidad la solicitud de la magistrada María del Mar Lorenzo, aunque reclamó un “absoluto respeto” por parte de los políticos a la independencia de la función jurisdiccional que desempeñan los tribunales de Justicia.
Lorenzo, que ha imputado a una veintena de personas, entre ellas ex altos cargos de la Administración regional y técnicos de extinción de incendios, solicitó amparo después de que las Cortes aprobaran el pasado 18 de junio una resolución en la que se instaba al Gobierno regional, personado en la causa, a pedir el archivo de la misma contra los políticos y técnicos y la imputación de ocho excursionistas.
La Comisión Permanente entiende que en este caso no concurren las circunstancias y presupuestos que, analizados desde un punto de vista objetivo, determinan la concesión de amparo contemplada en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ese precepto establece un mecanismo de amparo a los jueces y magistrados que se consideren “inquietados o perturbados” en su independencia judicial al entender que esos ataques ponen en peligro o en riego su capacidad para decidir sin presiones determinantes.
Entre las imputadas por la magistrada en relación a este caso está la ex consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo.
