La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha asegurado en el pleno del Parlamento andaluz que el SAS atendió las seis denuncias presentadas por el sindicato USO por el funcionamiento de los ascensores del sevillano hospital de Valme, en uno de los cuales murió Rocío Cortés, de 25 años, el 20 de agosto.
En una sesión en la que PP, Podemos e IU han efectuado duras intervenciones pidiendo responsabilidades políticas y que se garantice que no volverá a pasar un accidente así, que han achacado a los recortes en mantenimiento y Sanidad, Ciudadanos ha pedido a la Junta que ayude a la familia de la joven fallecida, madre de tres niñas, y el PSOE ha reprochado el uso político de esta tragedia.
A la sesión han asistido el padre y el hermano de Rocío Castro, que han abandonado el salón de plenos durante la intervención del diputado socialista Francisco Vargas, negándose a hacer declaraciones a los periodistas pero mostrándoles su indignación por que la muerte de Rocío Castro se pretenda reducir a un accidente sin responsables.
La consejera, que ha anunciado la personación del SAS como acusación particular en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 1 de Sevilla, ha asegurado que las seis denuncias presentadas por USO lo fueron en el 2015 y el 2016, ninguna este año, y que "no se debieron a problemas técnicos sino funcionales" y sin especificar a qué ascensores afectaban -el del accidente fue el número 3-.
Todas estas denuncias se atendieron según el protocolo previsto y se dio traslado a la empresa Orona, responsable del mantenimiento, además de que la Junta dispone del registro de toda la tramitación de cada una de ellas, y de que los responsables sanitarios mantuvieron más de veinte reuniones con sindicalistas de USO entre 2016 y 2017 sobre este asunto.
La consejera ha asegurado que el accidente no se ha producido ni por ahorro ni por recortes, como ha afirmado la oposición, de la que ha dicho que siente "bochorno" por la utilización que ha hecho del accidente, ha asegurado que los 1.116 ascensores del SAS cumplen la normativa y ha concluido: "Somos los más interesados en conocer qué ha pasado y en depurar responsabilidades".
"Abochornada" se ha sentido también la diputada del PP Patricia del Pozo, que ha dicho sentir "vergüenza" por que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tardara nueve días en hablar del asunto y lo hiciera para arremeter contra la oposición.
Del Pozo, que ha dicho que el accidente "conmocionó a España entera", le ha preguntado a la consejera cuántas veces ha llamado a la familia y si sabe el nombre de los padres de la fallecida, ha pedido una investigación con carácter inmediato y ha dicho que la Junta tiene "una responsabilidad directísima con la familia".
De "brutales" ha calificado los recortes en la sanidad andaluza desde el 2010, "no desde que llegó (Mariano) Rajoy", ha mencionado un informe del ex presidente andaluz José Antonio Griñán al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero informándole de recortes en la sanidad andaluza de 700 millones de euros entre el 2010 y el 2011 -"ahí empezaron a cargarse la sanidad", ha asegurado-.
Del Pozo ha dicho que en la Unidad de Diálisis del sevillano Hospital Macarena se desprendió el techo este verano y que si no dañó a nadie fue porque era mediodía y no había pacientes, ha asegurado que es imposible garantizar los servicios a los precios que los licitan y ha concluido: "Cambien lo que tengan que cambiar: No puede volver a ocurrir".
La diputada de IU Inmaculada Nieto Castro ha asegurado que el accidente es "consecuencia de una serie de decisiones políticas desacertadas por criterios de ahorro" lo que ha afectado a la asistencia sanitaria y al mantenimiento de las instalaciones -el personal de mantenimiento del SAS ha descendido un mínimo del 30 % en Sevilla, y un 21 % en Andalucía, ha dicho-.
Si con los actuales protocolos "se puede matar a una persona" habrá que revisarlos y "meter mano", ha asegurado Nieto, para recordar que la concesión de la revisión de ascensores a la empresa Orona se valoró en 600.000 euros y se otorgó por menos de la mitad, por lo que ha insistido en que "hay cuestiones en las que no se puede ahorrar dinero".
El diputado de Podemos Juan Antonio Gil ha anunciado que pedirán la comparecencia parlamentaria de más responsables de Sanidad, que se trata de un "problema político" y que se deben depurar responsabilidades, y ha asegurado que la anterior directora del Valme también fue informada de problemas en los ascensores.
Entre otra documentación, Gil ha demandado el pliego de condiciones del servicio de mantenimiento y el informe que justifica la externalización de este servicio según su eficacia y precio, y ha lamentado la tendencia a la baja en la concesión de estos servicios a costa de su calidad.
