La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que ha cumplido recientemente una década, se encuentra en la actualidad en un momento "crucial" para lograr el objetivo para el que fue creada: Pasar de la beneficencia a un sistema público de protección social. EPSocial analiza en este reportaje publicado el pasado 2 de abril su evolución en la última década dentro de una serie de especiales por su décimo aniversario.
Sin embargo, pese a que la ley ha supuesto en España uno de los mayores avances sociales de los tres últimos lustros y fue configurada con la idea de constituir el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la normativa no se ha desarrollado como se esperaba por los desajustes de implantación en las comunidades autónomas y por los problemas de previsión y de financiación, que no acaban de resolverse.
Tal es así, que a mediados de diciembre, justo cuando se cumplían diez años de la aprobación de la normativa, la mayoría de los grupos parlamentarios, menos el PP y el PNV, firmaban un acuerdo en el Congreso para relanzar la ley, recuperar los fondos perdidos en los Presupuestos Generales, acabar con la lista de espera en dos años o dotar al sistema de mayor transparencia.
Cabe señalar que la crisis coincidió con el momento en que la ley comenzaba a andar y las posteriores restricciones presupuestarias para que el Gobierno cumpliera con los objetivos de déficit de Bruselas golpearon al sistema de dependencia, dejándolo en un equilibrio inestable.
En enero de 2017, la Ley de Dependencia se discutió en la Conferencia de Presidentes del Senado, en la que las comunidades autónomas solicitaron la inclusión de esta normativa dentro de la financiación autonómica. El Gobierno recogió el guante y, en febrero, el Consejo de Ministros aprobó la creación de un grupo de expertos para abordar este asunto.
"Nos encontramos en un momento crucial e inaplazable. Hay que abordar cambios sustanciales en dependencia, que pasan primero por la suficiencia financiera", indica a Europa Press el presidente del Observatorio Nacional de la Dependencia y de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, cuya organización que audita cada mes las estadísticas oficiales del IMSERSO y elabora informes monográficos sobre el desarrollo del sistema. "Sin dinero, no se puede cumplir", asevera.
Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reflejan que en España, a 31 de febrero de 2017, había 1.211.689 personas dependientes con derecho a una prestación, de las que 870.388 son beneficiarias (el 67% mujeres) y el resto, 341.301, están pendientes de ser atendidas. La mayoría de los dependientes son mujeres (67%) y algo más de la mitad (54%) son mayores de 80 años.
EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA
En este momento, el 28% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio, pese a tener derecho. Y es precisamente este 'limbo de la dependencia' el que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales asegura que se podría eliminar si el Estado, a través de los PGE, reinvierte los 450 millones de euros "recortados". "Cada cuarto de hora muere un dependiente sin ser atendido", alerta Ramírez, que estima en 149.000 las personas que han fallecido en esta situación.
Los dos primeros años de implantación de la Ley de Dependencia (2007 y 2008) fueron complicados, según el sector, al imperar el desconcierto entre las comunidades autónomas por problemas administrativos y la prevalencia de las prestaciones económicas para los cuidados de los dependientes en su entorno familiar, muy por encima de los servicios profesionales y residenciales, hasta alcanzar el 60%.
Entre 2009 y 2011 la ley comenzó a desplegarse a mayor velocidad, hasta atender a 750.000 personas, aunque las diferencias territoriales se fueron acentuado. Castilla y León destacaba por su diligencia en la atención a sus dependientes mientras Canarias permanecía a la cola.
En junio de 2012, se produjo el "hachazo" a la ley, según este experto, con el retraso de la incorporación de los dependientes 'moderados'. Además, el Gobierno aprobó un decreto que suspendió el 'nivel acordado' y las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores, de manera que en los PGE se destinaron 285 millones de euros menos para la dependencia.
En 2014, el sistema se estancó, al dejar de incluir dependientes nuevos y otros "morían" sin recibir la prestación a la que tenían derecho. Un año después, en 2015, se produjo una recuperación porque varias comunidades autónomas revirtieron la tendencia negativa y en julio acabó la moratoria sobre los 'moderados' que entraron en el sistema.
VERSIONES SOBRE LA FINANCIACIÓN
El coste directo de las prestaciones y servicios durante 2016 ascendía a 7.116 millones de euros, según el último dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes, que señala que las administraciones públicas aportaron 5.670 millones y el resto, 1.445 millones, lo aportaron los usuarios en forma de 'copago', que supone el 20%.
Sobre este 'copago', el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lanzó la campaña 'Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio', que superó el medio millón de firmas necesarias para registrarla en el Congreso de los Diputados en forma iniciativa legislativa popular. El texto fue aprobado en el Pleno del Congreso por todos los grupos excepto el PNV a principios de marzo y en el que se pide al Gobierno que modifique los criterios del 'copago' para rebajar la aportación de los dependientes.
Del gasto público directo en dependencia hay dos versiones. Algunas comunidades autónomas y organizaciones sociales denuncian que la Administración General del Estado aporta menos que el conjunto de las comunidades autónomas, lejos del pretendido 50%, mientras que el Gobierno defiende que cumple con su parte a través de 'recursos adicionales incondicionados'.
Desde el Ministerio de Sanidad aseguran a Europa Press que el Estado aporta los fondos necesarios para cubrir la Dependencia y cuestiona el uso que las administraciones autonómicas están haciendo con ese dinero. En concreto, señalan que el 'nivel concertado' con las comunidades se sustituyó en 2012 por esos 'recursos adicionales', que representan aproximadamente el 50% de los fondos del sistema.
"La situación es clave. El Estado debe decidir si invierte en el sistema de dependencia y atiende a todos los ciudadanos en lista de espera", señala Ramírez, que estima que, de hacer esto efectivo, se generarían 90.000 puestos de trabajo nuevos. "O se toma esto en serio o que derogue la ley", apostilla.
"SENTIMIENTO DE ESTAFA" EN EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD
En movimiento social de la discapacidad, que fue actor cívico en primera persona de la gestión de la Ley de Dependencia, hay "decepción, frustración y casi sentimiento de estafa", según ha indicado a Europa Press el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez-Bueno, que advierte de que este colectivo no ha podido disfrutar aún de aquello que se les había prometido.
"¿Estamos preparados políticamente, hay la lealtad suficiente entre las administraciones, han primado los intereses superiores de la ciudadanía frente al ventajismo político para que este desarrollo se produzca sin tensiones?", se pregunta Pérez-Bueno, para quien ha faltado madurez suficiente para ello, no se ha superado la prueba y en parte he ahí los motivos de su "fracaso relativo".
Pese a considerar que la Ley de Dependencia ha supuesto una expectativa social "en buena parte fallida", el presidente del CERMI mantiene la esperanza: "Tiene aún virtualidad, es recuperable y cabe reactivarla como lo que debió ser y no ha alcanzado aún, una nueva arquitectura de protección en un país sin apenas construcción social sólida".
