Ecologistas en Acción ha manifestado este martes que el Ayuntamiento hispalense no ha dado "ninguna respuesta" a sus escritos sobre el aparcamiento que explota Parking Sevilla Puerto en la avenida Adolfo Suárez, toda vez que Participa ha denunciado ante la Fiscalía posibles delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de falsedad documental, dado que esta instalación habría funcionado sin licencias de obras ni de actividad, sin que el Consistorio adoptase medidas determinantes pese a los repetidos "incumplimientos".
Laura Soler, una de las portavoces de Ecologistas en Acción en Sevilla, ha manifestado a Europa Press que más de dos meses y medio después de entregar en el Ayuntamiento escritos dirigidos al alcalde, Juan Espadas, la Gerencia de Urbanismo y al director general de Medio Ambiente, acerca de dicho asunto, la organización ecologista no tiene "ninguna respuesta".
En sus escritos, en concreto, Ecologistas en Acción se interesaba por "la ocupación ilegal del dominio público hidráulico o su zona de servidumbre, fuera de la parcela concesionada" a Parking Sevilla Puerto, reclamando aclarar si la empresa "cuenta con la preceptiva licencia de actividad, sobre todo para la actividad de estacionamiento y pernocta de autocaravanas y suministro a éstas de electricidad y agua".
"Este uso como estacionamiento de autocaravanas convierte a este estacionamiento en una especie de zona de acampada, sin las infraestructuras sanitarias mínimas para ello", avisaba Ecologistas en Acción en sus escritos. Laura Soler, en ese sentido, ha recordado que Ecologistas en Acción lleva denunciando el caso de Parking Sevilla Puerto desde que el anterior mandato, cuando comenzó la actividad del negocio.
"MUCHOS ESCRITOS"
Según avisa, pese a los "muchos escritos" de Ecologistas en Acción en cuanto a este aparcamiento que habría comenzado a funcionar en 2014 en terrenos del Puerto de Sevilla, pero sin licencia de obras ni de actividad, acumulando toda una serie de "incumplimientos", ni el anterior gobierno local del PP ni el actual gabinete del PSOE han dado "respuesta" a sus peticiones de información.
En su denuncia, elevada a la Fiscalía y recogida por Europa Press, Participa expone que en mayo de 2014, la Autoridad Portuaria de Sevilla otorgó a la sociedad Parking Sevilla Puerto, administrada por Francisco Camúñez, una concesión administrativa para ocupar una parcela de la avenida Adolfo Suárez, en Los Remedios, "para su uso como aparcamiento en superficie y lavadero de vehículos", si bien el negocio comenzó a funcionar sin "licencia urbanística ni licencia de actividad".
Y aunque en noviembre de 2014 y enero de 2015 la Gerencia de Urbanismo aprobaba sendas multas de 1.200 euros a la empresa, por incumplir una orden inicial de suspensión de actividad, Participa expone en su denuncia que el Ayuntamiento ya daba muestras de "permisividad", al no adoptar medidas "más gravosas" y contundentes contra la empresa, pues "en todo este tiempo, no se suspende el uso de parking abierto al público".
SIN LICENCIA HASTA 2016
La denuncia, en ese sentido, expone que con todo el recorrido del caso, en abril de 2016, la Gerencia de Urbanismo aprobaba provisionalmente la licencia de obras correspondiente a la instalación de un aparcamiento en superficie en favor de la citada empresa, si bien "todas esas obras llevaban ya hechas casi dos años, estando el parking funcionando sin licencia de obras ni actividad".
Y ya en enero de 2017, después de que la empresa solicitase la renovación de la licencia provisional concedida en 2016, una inspección urbanística habría revelado "14 incumplimientos de las obras e instalaciones realmente existentes, en relación a la licencia provisional, la mitad de las cuales son instalaciones no autorizadas y ejecutadas en la zona de servidumbre de protección probable".
Sobre este último aspecto, la denuncia señala "94 plazas de estacionamiento para autocaravanas que no se contemplan en el proyecto presentado" y que invadirían la "zona de servidumbre de protección probable", es decir "suelos considerados de especial protección por la normativa urbanística". "Las obras llevadas a cabo por la empresa en la zona de servidumbre de protección del dominio público hidráulico, de consideración como suelo no urbanizable de especial protección, constituyen no sólo una infracción urbanística muy grave, sino un delito contra la ordenación del territorio", señala la denuncia.
