La organización ecologista hizo ayer pública la novena edición de su informe anual Destrucción a toda costa, en el que por primera vez se ha analizado el estado de 233 espacios litorales amparados por alguna figura de protección nacional o internacional, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de costa.
Más de la mitad de ellos, en concreto 120, sufren algún tipo de amenaza por proyectos urbanísticos, de infraestructuras o contaminación, según señaló la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
Los ecologistas han denunciado el desarrollo inmobiliario “depredador”, calificado por el Banco de España como “economía suicida”, y han recordado que España es el país de la Unión Europea con más expedientes abiertos “por maltrato a su medio ambiente”.
La corrupción urbanística sigue siendo una constante y Greenpeace ha detectado 478 casos, con 625 imputados, de los que más de la mitad son cargos públicos –alcaldes, concejales o arquitectos municipales–.
Marcos destacó que existen más de 562.000 viviendas y 51 puertos (nuevos o ampliaciones de los existentes) proyectados en espacios protegidos de la costa o sus alrededores.
El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, resaltó que un 70% del millón de viviendas vacías que hay en España están en el litoral y la mitad de ellas en la costa mediterránea.
Uralde precisó que el informe no pretende establecer un ránking de comunidades, aunque reconoció que “hay algunas especialmente emblemáticas por lo poco que cuidan su litoral”, como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Canarias.
Precisamente la Comunidad Valenciana es la primera en número de espacios protegidos amenazados (21) y también la primera en casos de corrupción, según señaló Marcos.
Andalucía tiene 18 espacios amenazados y el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo, el hotel El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
