El Partido Popular de Barbate, a través de sus cuatro concejales, ha registrado en el Ayuntamiento un documento en el que solicitar a la Secretaría General, en su labor de asesoramiento a la corporación, que “corrobore la legalidad de los aproximadamente 1.500 decretos, firmados por el alcalde, Miguel Molina Chamorro, ordenando pagos decretos con informes negativos, informes desfavorables o de reparos, del Servicio de Intervención y del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento”.
Los populares explican que el pasado mes de diciembre, apareció en prensa que el alcalde había firmado estos 1.500 decretos alegando que “la situación económica es tan mala que cualquier pago o contratación que se plantea reciben informes de reparo, pero seguimos adelante porque Barbate no se puede paralizar”. Además, explica el PP, “el propio alcalde no tiene claro que su forma de proceder sea del todo legal” basándose en la declaración que realizó el alcalde en la que señalaba que en ocasiones tenía “miedo de estar cometiendo algún delito, aunque en cualquier caso el beneficio no sería para mí, si no para el pueblo”.
El PP pide a la Secretaría General que esclarezca si se ha producido delito en la firma de los citados decretos y, más concretamente, “qué criterios se han seguido para pagar a unas empresas y dejar los pagos pendientes a otras”, “cómo se ha justificado la necesidad de pagar los adeudos a la empresa municipal Innobar siendo posteriores a otros avisados por Intervención”, “la legalidad de los pagos ordenados por el alcalde para sí mismo y para miembros de su equipo de Gobierno”, y “la justificación del destino de 230.632 euros que ordena el alcalde y que el beneficiario es el Ayuntamiento”.
Es por ello que el PP pide que “se proceda a la revisión de oficio de todos los decretos que han adjuntado junto al escrito registrado que no cumplan con la legalidad, esperando que se lleve a pleno el expediente a la mayor brevedad posible para su iniciación, sin tener que esperar los tres meses que establece la ley para su admisión, y así evitar que tengamos que pedir amparo a otras administraciones”, concluye el PP
