El partido político Plataforma 3R ha mostrado en un comunicado de prensa su “absoluto respeto, como no podía ser de otra forma” a la presunción de inocencia del interventor y de la tesorera del Ayuntamiento de San Fernando, para los que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando pide su imputación como presuntos autores sendos delitos de malversación de caudales públicos.
No obstante considera que independientemente del estricto cumplimiento de todas las garantías que les asisten, “debemos de optar por una fórmula de compatibilidad de ambas situaciones y donde incluso el legislador ya se preocupó de determinarla, a través de la suspensión de funciones provisional, mediante la aplicación del art. 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local".
“Dada la gravedad de los hechos”, sería el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el único competente para ello, por lo que piden al delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, que una vez notificado el auto, se solicite a la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas el inicio del procedimiento.
3R entiende que se debe de hacer compatibles las garantías procesales de los acusados, pero también de los requerimientos de sendos cargos, que constituyen la máxima responsabilidad municipal a efectos de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de San Fernando.
“Se trata de derechos que también les asisten a los ciudadanos, en este caso a los isleños y que sustentaría que este partido político formule esta propuesta y que se ejecute a la mayor brevedad posible. Entendemos que es lo más ecuánime y proporcional para las partes, los acusados y el erario público, en este caso”, dice 3R.
Esta formación política no podría dejar de hacer mención en estos momentos a que gracias a las funciones de reparos del interventor, la ciudad de San Fernando “hoy tiene la esperanza de saber qué fue de aquellos tres millones de euros en asignaciones municipales, en un procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas, o que a día de hoy se encuentren abiertas Diligencias Penales en Anticorrupció, para averiguar lo que ocurrió en la denominada Guerra de Facturas del PP-PSOE,con la Nevada de 2015, entre otros asuntos”.
3R recuerda a Conrado Rodríguez que el desfalco empezó con un control aleatorio y rutinario de la Cámara de Cuentas de Andalucía y este partido político le ha demando que se solicite la participación de esta entidad en el programa de fiscalización del ayuntamiento en 2016 y 2017, con objeto de auditar las cuentas públicas.
De camino y “con estos antecedentes” le pide al Gobierno local que explique a los isleños el “espectáculo que habéis dado, para ocultarle el uso de las asignaciones en el mes de febrero, con entregas de información dos horas antes del Pleno, ilegibles y en el capítulo de asuntos urgentes, en referencia al paripé de dación de cuentas de los grupos políticos que desde Podemos se denunció como una farsa y que sin embargo aprobó el Pleno por mayoría.
“¿Por qué tantas prácticas, de vil opacidad? Se pregunta 3R “Ojala en 2019, el isleño quiera terminar con esto nos ha traído hasta aquí, que ya dura más de 30 años y donde uno de los pilares para sostenerlo ha sido el ocultamiento sistemático de lo realmente importante para la ciudad. Ojala algún día podamos meter un ejército de auditores externos, por esas puertas, para conocer la verdad, aquella que Unamuno definía como su religión”.
