El servicio de orientación jurídica penitenciaria que financia la Consejería de Justicia e Interior atendió en 2015 a un total de 303 reclusos en Cádiz, según el balance de una prestación que dispensan 88 abogados en esta provincia.
Gracias a esta prestación, la población reclusa en toda la comunidad andaluza cuenta con un servicio de asesoramiento gratuito sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita general.
La Consejería de Justicia e Interior destinó un total de 25.668 euros durante el año pasado a sufragar los gastos de este servicio en esta provincia y ha abonado otros 32.006 euros a los colegios de abogados por la realización de la prestación durante los tres primeros trimestres de 2016.
De este servicio se encargan letrados especialistas en materia penitenciaria que se desplazan a las prisiones para prestar la orientación jurídica en unas horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social.
La prestación forma parte de un convenio firmado por la Junta con el Ministerio del Interior, como responsable de las políticas penitenciarias, y los representantes de los abogados andaluces, con una vigencia de tres años prorrogables y una financiación de la Administración andaluza que se acercará en total a los 420.000 euros hasta 2018.
Además del servicio de orientación jurídica penitenciaria, la Consejería de Justicia e Interior financia la asistencia jurídica gratuita dirigida a la población en general con menos recursos económicos, a lo que destinó el pasado mes de julio 9,7 millones de euros para liquidar los pagos correspondientes al primer trimestre de este año, en cumplimiento del calendario acordado con los consejos de colegios de abogados y procuradores.
En este caso, la Junta abona los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.
El Gobierno andaluz considera que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario como parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo para garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en este caso de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica.
