Sobre las once de la mañana llegaba al Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, acompañado por su abogado, Javier Puyol.
Estaba citado a declarar en el juicio sobre delitos leves por las presuntas amenazas que recibió el propio González al finalizar el Pleno celebrado el pasado 1 de julio por parte de dos asistentes a la sesión.
Pero finalmente el juicio se suspendió porque el juez aceptó la petición del abogado del portavoz del PSOE y del propio fiscal, para iniciar un nuevo procedimiento en el que las presuntas amenazas pasan a ser un “delito grave” y leve.
A la salida del juzgado, Fran González indicó que “a petición del abogado y por ratificación del propio planteamiento del fiscal, se pasa en este caso de una falta a un delito grave, que incluso el fiscal ha calificado de atentado contra la autoridad, y ahora estamos pendientes de ser citados, seguramente con declaraciones previstas a finales de esta misma semana, para abrirse un procedimiento judicial distinto en lo que se está encausando es de una gravedad mayor porque como ya dijimos en su día, lo que se está intentando es coartar a la hora de ejercer nuestro derecho y también nuestras obligaciones como concejales, y sobre todo en un contexto que desgraciadamente venimos sufriendo los concejales socialistas en el último año y pico de legislatura”.
Su abogado, Javier Puyol, reiteró que “existe la posibilidad de que se haya cometido presuntamente un atentado porque hablamos de una intimidación grave realizada a un concejal en el ejercicio de sus funciones, concretamente en un pleno, y con la finalidad también de que un grupo político cambie el sentido de un voto” y “el fiscal ha entendido al igual que nosotros que pueden ser unas amenazas condicionales o bien un delito de atentado como recoge el artículo 550 del Código Penal”.
Al respecto indicó que “si llegase a ese extremo... los dos denunciados, el día 7 pasarán a ser investigados ya que puede llevar consigo una pena grave de prisión”. No en vano “hablamos de tres a cinco años de prisión si se considerase como un posible delito de atentado y de una pena más leve si se considera un delito de amenazas graves”.
Eso sí, “también implicaría la correspondiente orden de alejamiento y de prohibición de comunicarse a través de cualquier medio con el denunciante en este caso”.
Reacciones
Al juzgado también acudió el portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, quien explicó que “vamos de acompañamiento al PSOE porque creemos en la libertad que cada miembro del plenario tiene para poder presentar sus propuestas o de votar en contra de aquellas que crea que no son buenas para la ciudad, sea del PSOE, de Podemos, de Ganemos, de C’s o del PP”.
Y para Romaní “lo que no puede ser es que veamos impasibles cómo el al alcalde y a su equipo de Gobierno dan la espalda a un procedimiento donde se han inculcado los derechos básicos de los concejales en un pleno… el alcalde y su equipo de gobierno deberían estar aquí como acusación para defender los intereses de todos los ciudadanos a través de sus legítimos representantes”.
Por último, Irene García, secretaria general del PSOE de Cádiz, indicó ayer que “los representantes públicos somos los primeros que debemos poner líneas rojas ante amenazas como las que recibió nuestro portavoz en la ciudad de Cádiz, para que no sean elementos que pasen por cotidianos”.
En su opinión “es muy grave que el Ayuntamiento no se haya personado ante esas amenazas públicas que pudieron escuchar tanto el alcalde, José María González, como todos los miembros de su gobierno presentes en el pleno en ese momento” y es que “siempre he pensado que en democracia debemos defender hasta el final a nuestras instituciones y cuando un concejal de una corporación sufre un ataque como el que sufrió en su día Fran González, hay que actuar con contundencia para que ese tipo de espectáculos públicos que tanto alejan a las instituciones de los ciudadanos, no se vuelvan a repetir”.
