Pizango, perseguido por la justicia peruana acusado de rebelión y sedición, entre otros delitos, se refugió el lunes en la embajada de Nicaragua en Lima.
En declaraciones dadas en Managua y difundidas por la cadena 100 por ciento noticias, Borge señaló que el caso de Pizango "tiene todas las características de ser un asunto político" y está siendo analizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por el Congreso peruano.
"Nuestra única alternativa, teniendo en cuenta el espíritu solidario que tiene el presidente (de Nicaragua) Daniel Ortega con los que se supone son perseguidos políticos, es otorgarle el asilo político al señor Alberto Pizango", dijo Borge Martínez.
"No lo sabemos", respondió el líder sandinista cuando le preguntaron si la decisión de otorgar el asilo político a Pizango complicará las relaciones con el Gobierno del presidente Alan García.
"No tenemos más remedio ni más alternativa que el de otorgar el asilo a Pizango por tratarse de un caso estrictamente político y de ser un perseguido político", agregó.
Borge, uno de los fundadores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), declaró que pedía "la comprensión" al Gobierno de Lima por la decisión tomada.
Sin embargo, destacó que "hasta ahora no ha habido ninguna reacción negativa ni molestia especial de parte del Gobierno de Alan García".
Sobre un posible traslado de Pizango a Managua, el diplomático nicaragüense dijo que todo depende de la rapidez con que el Gobierno peruano otorgue el salvoconducto al líder indígena peruano.
Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la principal organización indígena amazónica, es acusado por el Gobierno peruano de instigar los enfrentamientos que desde el pasado viernes han dejado al menos 24 policías y nueve indígenas muertos, según cifras oficiales.
Los delitos de los que se le acusa y por los que rige una orden de búsqueda y captura de la fiscalía de Lima son los de sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos por los que podría ser condenado a hasta 35 años de cárcel, según juristas peruanos.
Los indígenas amazónicos promueven un paro indefinido de las comunidades selváticas desde el pasado 9 de abril, que ha incluido cortes de carreteras, tomas de yacimientos petroleros y gasísticos y bloqueo de ríos, que continúa vigente.
La protestas alcanzaron su momento más violento el pasado viernes, cuando el intento de desalojo de la carretera Belaúnde Terry, en la provincia amazónica de Bagua, derivó en enfrentamientos que se saldaron con 33 muertos, según cifras oficiales.
