La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio ante la "controversia" generada debido a la próxima entrada en funcionamiento en el municipio onubense de Minas de Riotinto de una zona de estacionamiento regulado en los aledaños del hospital comarcal de Riotinto, en el que se presta servicios a las localidades de la zona norte de la provincia de Huelva.
En el texto de dicha actuación, consultado por Europa Press, el Defensor señala que ha tenido conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación y de distintas quejas que le han hecho llegar por parte de ciudadanos y asociaciones.
Así, explica que dicha disconformidad se sustenta en el hecho de que se trata de una medida que afecta fundamentalmente a los familiares de los pacientes que, por razones de atención médica, deben acudir de forma obligatoria a dicha localidad y se adopta "sin tener en cuenta su situación económica personal y las causas de necesidad que les obligan a desplazarse hasta el hospital".
Pero, ha remarcado que, al margen de la mera disconformidad con la implantación de esta medida, y del hecho "incuestionable" de que los municipios, de acuerdo con la legislación local, ostentan competencias en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, pudiendo aprobar, como ocurre en muchos municipios, cumpliendo los trámites establecidos para ello, una ordenanza regulando el estacionamiento en determinadas zonas si se estima procedente, se aduce que la ordenanza establecería la exención en el pago por estacionar a las personas empadronadas en el municipio.
Así, se trata de un hecho que se cuestiona por entender que vulneraría el principio de igualdad que contempla el artículo 14 y 31 de la Constitución Española, al suponer "una discriminación a favor de los domiciliados en esa localidad".
Es decir de todo ello, se desprende, en principio, que sería la ordenanza fiscal la que, en su caso, podría establecer la exención de pago a las personas empadronadas que suscita la disconformidad de diversos municipios, asociaciones y particulares que dependen de los servicios del hospital de esa localidad.
A la vista de todo ello y, sobre todo, de la inquietud generalizada que estas medidas están generando en la zona, el Defensor ha estimado oportuno iniciar esta actuación de oficio en la que se ha dirigido al Ayuntamiento de Minas de Riotinto para conocer si ha aprobado ya la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos en las vías públicas municipales con limitación horaria.
Además, le solicita conocer si se contempla la medida de exención total de pago a los empadronados en el municipio y, de ser así, pide que le remita los informes jurídicos favorables que se hayan elaborado con carácter previo a la aprobación de dicha ordenanza fiscal.
Asimismo, le ha trasladado que, ante la inquietud generada por la implantación de la zona ORA, cree conveniente, "tal y como hemos manifestado en diversas ocasiones", que este tipo de decisiones se adopten en "un escenario de debate y máximo consenso con todos los sectores implicados de forma que su entrada en vigor cuente con el máximo respaldo social posible".