Así lo señala el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que fue presentado ayer en Londres.
En el documento se acusa al gobierno de Pyongyang de negar el acceso al país a observadores independientes que puedan evaluar la situación de la población y de no reconocer el mandato del relator especial de la ONU sobre los derechos humanos.
A pesar de las dificultades que entraña recabar datos sobre la situación en Corea del Norte, la ONG se hace eco en su informe de las consecuencias que para los norcoreanos ha tenido en el último año el hecho de padecer “la mayor escasez de alimentos” desde finales de la década de los noventa.
La hambruna provocó el éxodo de miles de ciudadanos hacia China, muchos de los cuales fueron detenidos y devueltos al país donde sufrieron trabajos forzosos y torturas en campos penitenciarios, subraya el documento.
Además, “a pesar de que la escasez de alimentos alcanzó niveles críticos, el gobierno no garantizó un nivel mínimo esencial” de abastecimiento debido, sobre todo, a las malas relaciones con los países vecinos, principales suministradores de arroz y fertilizantes.
Al éxodo masivo por cuestiones económicas se unieron los ciudadanos que huyeron por razones políticas quienes, víctimas de la represión del régimen estalinista, cruzaron la frontera china para acabar instalándose en otros países como Tailandia, Birmania o Corea del Sur.
Esta huida no les evitó padecer, en terceros países, extorsiones de intermediarios, ser víctimas de trata de personas, tener dificultades de adaptación o sufrir trastornos psicológicos derivados de la situación, señala AI.
De otro lado, las personas recluidas en campos y centros penitenciarios sufrieron “trabajo forzado intenso, alimentación insuficiente, palizas y condiciones antihigiénicas”, lo que hizo que muchos enfermaran o murieran, destaca el documento.
