Personas condenadas a la ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad, para redimir sus penas, los llevarán a cabo en el Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba y también en la finca El Aguilarejo, igualmente perteneciente a la institución provincial, donde realizarán labores agrarias y de jardinería.
Ese es el objeto del convenio, a cuyo contenido ha accedido Europa Press y cuya firma se aprobó por unanimidad en el último Pleno de la Diputación, que lo suscribirá con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, "para el efectivo cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad, para los penados en el ámbito competencial" de la Diputación.
Según se detalla en el informe técnico que justifica el convenio, "los trabajos en beneficio de la comunidad son básicamente actividades, tareas o labores a llevar a cabo por personas sometidas a estas medidas, que cumplen una serie de características", tales como que "debe ser una actividad laboral constructiva, útil y práctica", siendo, además, "una actividad complementaria, no remunerada, que no sustituye puestos de trabajo ni compite con el mercado laboral" y "debe compaginarse con las obligaciones laborales de quien cumple la medida".
Es, según recoge el informe, "una obligación positiva, un trabajo con duración determinada" y su finalidad "es reparar los daños causados por la infracción penal, colaborando para ello con el interés social general, para lo cual dicha medida se cumple en sociedad, en y para la comunidad, la cual será la beneficiaría y receptora directa de las tareas que realicen estas personas".
Esto quiere decir que "los trabajos en beneficio de la comunidad tienen una esencia reparadora, ejemplarizante e integradora para la sociedad y ejercen una función reeducativa para las personas, a la vez que se hace algo útil, provechoso y necesario".
Las infracciones que están siendo sancionadas con esta medida "son infracciones leves, muy frecuentemente relacionadas con la seguridad vial, por lo que el perfil del infractor es de una persona normalizada e integrada en la sociedad", y "las personas sometidas a esta medida invierten determinadas horas por día de trabajo, que debe ser recibido y controlado para que se cumpla su finalidad de utilidad pública".
En este sentido, según prevé el convenio que se firmará, la Diputación se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a trabajos en beneficio de la comunidad en centros dependientes de la institución provincial, en este caso cuatro plazas en el Centro Agropecuario y dos en la finca El Aguilarejo.
El Ministerio del Interior, por su parte, asume las obligaciones para "la cobertura de las contingencias que corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad".
De igual modo, la Diputación se compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada por los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para la realización del trabajo.
Por su parte, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, teniendo a su cargo los servicios que gestionan las penas y medidas alternativas, asume la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante contactos con los responsables del trabajo, encargándose también de llevar a cabo las preceptivas entrevistas a los penados, "para conocer sus características personales, su capacidad laboral y el entorno social, personal y familiar, con el fin de determinar la actividad más adecuada" en cada caso.
En esta entrevista se ofertarán a los condenados "las distintas plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que deberá ejecutarlo, conforme al catálogo de plazas" ya previsto en este caso, de cuatro en el Centro Agropecuario y dos en la finca El Aguilarejo.
El convenio también especifica que "el trabajo que realice el penado no será retribuido" y "en ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral como consecuencia del trabajo desarrollado con motivo del presente convenio".
Además, "durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones recibidas del juez de Vigilancia y de los servicios que gestionan las penas y medidas alternativas" y, en cuanto al desarrollo de las tareas a realizar, "el penado deberá seguir las instrucciones de la unidad en la que preste su trabajo, en el ámbito de actuación y competencias" de la Diputación, la cual informará a los servicios que gestionan estas penas de las "incidencias relevantes" que se produzcan en el desenvolvimiento de la actividad, para que se comunique lo oportuno al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
En todo caso, deberá informarse de "ausencias del trabajo o abandonos injustificados, rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible, oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del responsable de la ocupación" y también "cuando su conducta sea tal que el responsable del trabajo se negara a mantenerle en el puesto de trabajo".
