La Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes --Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer-- han suscrito este jueves un acuerdo institucional en defensa de la infancia y la adolescencia, cuyos principales objetivos son el refuerzo de las políticas públicas de protección del colectivo y la mejora de la coordinación entre las distintas administraciones, convirtiéndose en la primera provincia andaluza que pone en marcha una iniciativa de este tipo.
Esta iniciativa ha sido promovida en el seno del foro técnico de infancia y familias, un grupo de trabajo integrado por profesionales expertos en la materia pertenecientes a las instituciones públicas onubenses con competencias en este sector de los servicios sociales.
Constituido desde finales de 2009 a instancias del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva, el foro técnico surge de la inquietud de las entidades participantes de analizar el sistema de atención a la infancia y adolescencia en la provincia onubense, impulsar líneas de actuación comunes y establecer estrategias de mejora sobre la base de unos parámetros de calidad.
Para ello, Igualdad, Salud y Políticas Sociales convenió con la Universidad de Huelva (UHU) la realización de un estudio sobre la realidad y necesidades de los programas y servicios que intervienen con la infancia y sus familias en la provincia.
Así, una vez analizadas las conclusiones del estudio, el foro técnico definió un total de 54 propuestas que se enmarcan en cuatro áreas principales: coordinación de actuaciones dentro del propio sistema de servicios sociales y con otros sistemas; prevención y detección de casos de riesgo y maltrato infantil; intervención y tratamiento a través de la definición de protocolos y herramientas comunes; y formación, asesoramiento y apoyo a los distintos profesionales que trabajan en este campo.
El foro técnico es una buena práctica dentro del Pacto Andaluz por la Infancia, que aúna la apuesta de las administraciones públicas y grupos políticos por potenciar la calidad de vida de los niños y la defensa de sus derechos en la comunidad autónoma. En el Pacto también están presentes Unicef y el Defensor del Menor.
Al respecto, el delegado del ramo, Rafael López, ha coincidido con los alcaldes en destacar "la importancia" de este acuerdo para la protección de los más vulnerables. El primer edil onubense, Gabriel Cruz, ha manifestado que con esta firma "marcamos un trabajo y tenemos claro que un elemento nuclear en las políticas sociales tinene que ser el trato a la infancia", haciendo hincapié en la utilización de las redes sociales. En esta línea, se ha pronunciado el vicepresidente de la Diputación, José Fernández, quien ha remarcado que con actos como este "merece la pena ser un servidor público".
Los demás alcaldes han incidido en sus compromisos con los más pequeños y los adolescentes, así como en el trabajo municipal para que "sus vidas no se vean influenciadas por la actual crisis económica".
NUEVE COMPROMISOS
En línea con el pacto andaluz, la alianza institucional suscrita en Huelva, cuya firma se suma a los actos de conmemoración este viernes, 20 de noviembre, del Día Internacional de la Infancia, propone que las instituciones implicadas se conviertan en auténticos espacios de protección y buen trato de la población infantil para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los niños y niñas onubenses.
Así, el acuerdo contempla un total de nueve compromisos como elaborar planes de infancia a nivel local y provincial en los que se establezcan las prioridades y necesidades detectadas, y que permitan el diseño de acciones preventivas a fin de ofrecer a los niños un entorno familiar y social en armonía y sin violencia.
A su vez, garantizará los derechos de los niños, especialmente de quienes son más vulnerables, como eje primordial de las acciones previstas, estableciendo mecanismos que posibiliten su conocimiento, divulgación y sensibilización, o aplicar un enfoque basado en los derechos del colectivo y priorizar la inversión en esta área en la elaboración de los presupuestos, de manera que se preserven los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la infancia, estableciendo además un sistema de seguimiento de la asignación.
También incluye compartir buenas prácticas y fomentar estrategias dirigidas tanto al interior de las entidades como hacia la sociedad en general; incorporar cambios sistémicos y en la cultura organizacional en este ámbito, a la vez que formar a los profesionales, y apoyar la creación de consejos de participación de los menores a partir de los cuales se tengan en cuenta sus aportaciones e intereses en los asuntos públicos que les afecten.
Del mismo modo, la idea es promover la constitución de mesas del buen trato a la infancia y la adolescencia que posibiliten el desarrollo de políticas intersectoriales y el trabajo en red; impulsar servicios y programas que respalden la parentalidad positiva de las familias a la hora de ejercer sus responsabilidades en el cuidado, educación y desarrollo integral de los menores, e impulsar servicios y programas que empoderen a las familias, evitando su exclusión social y reduciendo desigualdades.
PLAN INTEGRAL
El desarrollo de experiencias de esta clase se enmarca en el Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía, la hoja de ruta de la Junta para garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores, especialmente de aquellos que por sus circunstancias personales y sociales presentan mayores necesidades.
Desde la Administración autonómica se está ultimando ya el diseño de la segunda edición del plan, que va a ahondar en paliar los efectos de la crisis en los niños y niñas andaluces, así como preservar sus necesidades básicas evitando situaciones de riesgo.
Entre los objetivos de esta estrategia se encuentran garantizar que los menores andaluces gocen de los derechos y libertades que tienen reconocidos por la Constitución y demás acuerdos internacionales; promover su desarrollo armónico en el núcleo familiar y lograr el acceso de los niños y niñas a los sistemas sanitarios, educativos, culturales y recreativos, estableciendo medidas compensatorias para paliar las desigualdades y respondiendo a la diversidad.
También persigue conseguir la protección de aquellos menores que carezcan de familia, o que la situación de la misma les genere una situación de desprotección, ofreciéndoles una atención integral, y profundizar en el conocimiento de la situación de la infancia y adolescencia y en la optimización de los recursos para lograr mayores cuotas de bienestar en el colectivo.
