El Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Cádiz (CES) ha revalidado su carácter de órgano de coordinación entre instituciones públicas, empresas y sindicatos. La titular de Diputación y del CES, Irene García (PSOE), ha presidido este lunes una sesión extraordinaria --solicitada por UGT y CCOO-- en la que se ha analizado la situación del metal.
En una nota, la Diputación ha explicado que, a pesar de la crisis económica, esta rama de actividad se perfila ahora como "un sector de potencial crecimiento capaz de reportar un volumen de contratación amplio" en una provincia que, según los últimos datos de paro registrado, mantiene 187.300 desempleados.
García ha mostrado su satisfacción al "confirmarse la validez del CES como un foro de interlocución y de convergencia de estrategias". En la sesión de este lunes se han conocido las preocupaciones y necesidades de los trabajadores del metal, expuestas por los sindicatos; las estimaciones de las empresas sobre contrataciones, así como los calendarios de formación planteados para responder a la carga de trabajo de los astilleros.
"El consejo está vivo y es el escenario perfecto para que se acompasen todas estas necesidades", ha destacado la presidenta de la Diputación, quien ha recordado que cualquier socio del CES puede determinar el objeto de una convocatoria de este foro.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha reconocido la oportunidad de establecer un plan estratégico que relacione formación con contrataciones "una vez que se ha conseguido el objetivo de obtener carga de trabajo para los astilleros".
Además, ha indicado que "el 87 por ciento de los parados gaditanos carece de formación o ésta es muy baja", para señalar las necesidades de fortalecer su competencia profesional.
Por su parte, Fernando López Gil, delegado de la Junta en Cádiz, ha aportado datos concretos sobre la estrategia de formación que se aplicará desde comienzos del año 2016. Así, ha explicado que, gracias a los estudios preliminares relacionados con la Inversión Territorial Integrada (ITI), se obtuvo un diagnóstico detallado que ha permitido logros concretos.
Entre ellos, ha citado la necesaria unión de las empresas del sector marítimo-naval, alcanzada con la constitución del clúster capacitado para coordinar las necesidades de formación e incluso emprender iniciativas comerciales conjuntas; también, en opinión de López Gil, se ha mejorado la formación reglada en grados medio y superior.
López Gil ha detallado una estrategia de formación en la que inciden diversos promotores y destinatarios. En "breve plazo, posiblemente en enero de 2016", se convocarán los denominados cursos sobre "capacitaciones", destinados a desempleados del metal "que necesitan refrescar" sus conocimientos.
Se trata de una formación demandada por las empresas que conforman el tejido auxiliar del sector naval y que está relacionada con los contratos cerrados por Navantia para los astilleros de la Bahía de Cádiz. Estos cursos, doce según el catálogo que López Gil ha mostrado ante el CES, tienen una duración de entre 90 y 120 horas lectivas.
El delegado también ha precisado que la propia Navantia ha planteado el desarrollo de acciones formativas para actualizar su estructura de trabajadores. Y la misma Navantia, junto a otras empresas tractoras como Dragados Off Shore, Airbus o Alestis podrán resolver sus demandas formativas con el Centro de Fabricación Avanzada para los sectores Naval y Aeronáutico que la Junta ha diseñado en el marco de la ITI.
