La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti será procesada por dirigir una red de corrupción en el organismo de impuestos, según resolvió hoy un juez que aceptó la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía).
El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, halló pruebas suficientes para procesar a Baldetti, acusada de comandar la trama en el ente recaudador de impuestos, un caso que también implica al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina.
Gálvez citó al MP y a la acusada este miércoles para definir si Baldetti es enviada a prisión preventiva hasta el inicio del juicio en una fecha que probablemente se anuncie también mañana.
Baldetti fue arrestada el viernes y ha estado presa en un cuartel militar de la Ciudad de Guatemala, donde las autoridades del Sistema Penitenciario habilitaron un lugar especial para ella.
La política y comunicadora social fue acusada por la Fiscalía de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho.
La resolución del juez tuvo en cuenta las más de 35 grabaciones divulgadas por la Fiscalía el lunes en las que se establece supuestamente el funcionamiento de la red criminal bautizada como la "Línea", que operaba en la Superintendencia de Administración de Impuestos (SAT).
"¿Será que vicepresidenta habrán dos? ¿Será que hay dos 'La 2'? Ustedes sabrán", expresó Gálvez en su resolución, en referencia a los audios en los que varios miembros de la supuesta estructura se refieren a Baldetti con motes como "La 2" o la "mera mera".
También subrayó que se está "en presencia de una asociación ilícita", y advirtió de que pese a que la exvicepresidenta no es nombrada ni tiene actividad en las grabaciones, se puede inferir su participación.
"Dicen que Baldetti no hablan. ¿Y si hablan de darle dinero a un juez? Jueces hay muchos. Vicepresidentas, solo una", advirtió el magistrado, quien también destacó que la defensa de Baldetti no negó los nexos con los involucrados.
Gálvez se refirió además a una escucha telefónica divulgada el lunes en la que una voz, que la Fiscalía identifica como la del presidente Pérez Molina, ordena un cambio dentro del departamento de derechos humanos de la SAT al superintendente en aquel momento, Carlos Muñoz, quien se encuentra en prisión por el caso.
"¿Por qué el presidente estaba preocupado por alguien de recursos humanos? Porque obviamente se preocupa por sus intereses", destacó el juez en una resolución que dictó durante más de 90 minutos.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, la exvicepresidenta y Pérez Molina crearon una estructura clandestina en las aduanas que ingresó de manera ilegal al menos unos 1.400 contenedores con mercancía.
La trama, por la que hay 28 sospechosos arrestados, presuntamente permitió adueñarse a la exvicemandataria y Pérez Molina de al menos 250.000 dólares, aunque el MP aún no ha culminado el análisis de toda la documentación del caso, que incluye casi 90.000 escuchas telefónicas y miles de documentos.
Mario Cano, a cargo de la defensa de Baldetti, calificó como un "juicio político" el proceso durante su intervención ante el magistrado, en la que solicitó además que se declarara falta de pruebas a fin de que su cliente quedara en libertad.
Pérez Molina ha rechazado cualquier vinculación con el caso, pero este martes el Supremo dio trámite a una petición de antejuicio para que se le retire la inmunidad y sea investigado, lo que debe decidir el Congreso de Guatemala.
