Menos capacidad de consumo, luchar mes a mes para sobrevivir y tragar con contratos basura para poder tener algo que llevarse a la boca. Estas son tres de las grandes consecuencias de la crisis en España, cuyo mayor efecto ha sido la destrucción de puestos de trabajo que, en el caso de la provincia ha dejado un total de 244.300 parados a finales del 2014 según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados hace pocos días.
Un desempleo que también se ha dejado sentir en el sector público que, entre 2009 y el pasado año, el periodo más virulento de la recesión económica, ha destruido en la provincia 7.597 empleos en los distintos niveles de las Administraciones públicas (estatal, autonómica, local y universitaria).
El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas –una publicación anual del Ministerio de Hacienda y Administración Pública– revela que en julio de 2009 había en la provincia un total de 80.502 empleados púbicos (funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual); cifra que en el mismo mes del pasado año bajó a los 72.905. Es decir, en este quinquenio se ha destruido una media de 1.519 empleos públicos anuales. El sindicato CSIF considera que la cifra es superior, aunque no precisa la cantidad.
Ranking
La mayor destrucción se ha producido en los ayuntamientos, donde se ha pasado de tener 18.763 empleados en 2009 a los 15.073 de 2014, es decir, se han perdido 3.690 puestos de trabajo en cuestión de un lustro. A la Administración Local le sigue la Junta de Andalucía, la Administración, por otra parte, con más empleados públicos, entre los que se incluyen, fundamentalmente los docentes y el personal sanitario -con una caída de 2.532 trabajadores, al pasar de 35.591 a 33.059. En el tercer lugar en el ranking se sitúa la Administración Estatal, con un descenso de 1.322 empleados (se ha pasado de 23.861 a 22.539) y, en último lugar está la institución universitaria, que despidió a 53 personas en estos últimos cinco años.
Se trata de un “ERE encubierto” en las administraciones y un “desmantelamiento de los servicios esenciales”, denuncian los sindicatos.
Del análisis comparativo del periodo analizado se desprende que por sectores, en la sanidad se han perdido 868 empleos en la provincia, en la educación no universitaria 84 y en los entes públicos dependientes del Estado 371. Por el contrario, en la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha incrementado en 526 efectivos, según los datos. No ocurre lo mismo en las Fuerzas Armadas, servicio que ha visto mermado el número de trabajadores en 1.075 personas.
Cádiz es la provincia andaluza donde más empleo público se ha destruído en los últimos cinco años, con 7.597 trabajadores menos; seguida de lejos por Granada (-5.353), Sevilla (-5.145) y Córdoba (-3.709).
Actualmente, de los 72.905 trabajadores, la Junta es la que tiene mayor número de empleados, con 33.059, seguida de la Administración del Estado, con 22.539 y las administraciones locales, con 15-073. Si se cruzan los datos con el número de personas activas en la provincia publicados en la última Encuesta de Población Activa, el dato es significativo y alarmante, porque uno de cada cuatro trabajadores son ya asalariados públicos, a pesar de la caída del empleo que se ha producido en este sector.
La no cobertura de vacantes ya que la tasa de reposición desde 2010 hasta 2014 ha sido del 10% (se cubría un puesto por cada 10 vacantes); la paralela ausencia de convocatorias públicas de oposiciones; y los recortes debido a las medidas de austeridad aplicadas por las administraciones son las causas que se encuentran detrás de estos datos, lo que repercute inevitablemente en la merma de los servicios que reciben los ciudadanos en ámbitos tan sensibles como la sanidad, educación, justicia o los servicios sociales, según coinciden en señalar los sindicatos.
Alerta
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Andalucía alerta del peligro que corren los Servicios Públicos esenciales en Andalucía si se mantiene la tónica de parálisis en la creación de empleo público y que ha situado éste en la Comunidad en los niveles que tenía en 2008, con cifras cercanas a los 525.000 Empleados Públicos y alejadas de los 597.000 Empleados Públicos con los que contaba Andalucía justo antes del inicio de los recortes en 2010.
A pesar del aumento en el último trimestre de 10.400 empleos públicos, Andalucía ha destruido desde el inicio en 2010 de los recortes a los empleados y a los Servicios Públicos un total de 72.700 empleos y desde la aprobación del Plan de Ajuste de la Junta de Andalucía en mayo de 2012 un total de 43.300, según los datos de la EPA analizados por CSIF Andalucía, que alerta de la eventualidad y la temporalidad de las contrataciones de los dos últimos trimestres.
Con estos datos, CSIF alerta del peligro que sufren los Servicios Públicos esenciales en Andalucía, dado el grave déficit de personal que sufren la Sanidad, la Enseñanza, la Justicia o la Dependencia en Andalucía y que son sufridos ya por la ciudadanía, como en los recientes colapsos de los servicios de Urgencia o en la saturación que viven los juzgados andaluces.
Remontándose a enero de 2010, CSIF señala en su informe que la Junta ha destruido 72.700 empleos públicos como consecuencia de los recortes aplicados en la administración andaluza que han afectado especialmente a los servicios públicos frente al mantenimiento del empleo en la denominada “administración paralela” que se mantiene inalterable.
La Junta de Andalucía culpa al gobierno de Mariano Rajoy de ser el responsable de los recortes aplicados por los gobiernos autonómicos desde el inicio de la crisis. Lejos de cualquier atisbo de autocrítica, el portavoz del gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, culpó al Ejecutivo central de haberles obligado a poner en marcha medidas “injustas” como la ampliación de la jornada laboral, la ampliación del horario lectivo de los docentes o la tasa de reposición que tachó de “pequeñísima”.
