La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha detectado "graves" irregularidades en los procedimientos de contratación para la adjudicación de obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en el año 2004 una subvención de 40,1 millones de euros para la modernización de su red de riegos, subvención concedida por la Junta y cofinanciada por el Feoga-Orientación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
La OLAF ha realizado este informe tras la investigación abierta a raíz de la denuncia interpuesta por el presidente de la comunidad de regantes y lo ha elevado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga estos mismos hechos y que mantiene imputados a varios cargos de la comunidad de regantes de hace una década, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.
Hay que destacar que, según expone la OLAF en el informe elevado al juez instructor, consultado por Europa Press, "dada la gravedad de las irregularidades constatadas, no está justificada la concesión de financiación de los fondos europeos al proyecto, en concreto 11.035.189,325 euros financiados por el Feoga-Orientación y el Feader".
En su informe final, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude considera que "hay indicios para pensar que se han cometido delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea", precisando que las "irregularidades" detectadas "tenían como finalidad favorecer frente a otros competidores a las empresas que resultaron adjudicatarias del contrato" para la construcción de nuevas canalizaciones en la Marisma.
De este modo, subraya que dichas "irregularidades supusieron un grave incumplimiento de las normas de contratación pública y, en particular, de los principios de objetividad, transparencia e igualdad de trato de licitadores", y "como consecuencia de ello no se adjudicó el contrato a la oferta que presentaba la mejor relación calidad-precio, con el consiguiente impacto en los intereses financieros nacionales y de la Unión Europea".
"CERTIFICACIONES DE OBRAS INFLADAS"
Además, según la OLAF, "hay indicios para pensar que algunas de las obras incluidas en las 'certificaciones de obras' podrían ser falsas", ya que un informe técnico elaborado por una empresa española de ingeniería "ha verificado la existencia de diferencias entre las obras certificadas y las efectivamente ejecutadas", una diferencia "que ha sido cuantificada en 2.946.154,05 euros".
"La presentación de certificaciones infladas se ajustaría a la definición de fraude en detrimento del presupuesto europeo", asevera la OLAF, que añade que, en relación a todo lo anterior, "podría ocurrir que miembros de la Junta de Gobierno de la comunidad de regantes se hubieran beneficiado del sobrecoste facturado, a través de la adjudicataria de las obras o de los subcontratistas de estas".
A su juicio, además, las autoridades de la Junta, "encargadas de gestionar y supervisar el proyecto, incumplieron la obligación de asegurarse de que el mismo respetaba la normativa europea y nacional y se ejecutaba de acuerdo con los principios de la buena gestión financiera", de manera que "la participación activa de funcionarios de la Junta en la gestión del proyecto no evitó que se cometieran irregularidades graves en la adjudicación, modificación y ejecución del mismo".
APUNTA A UNA POSIBLE RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA
En esta línea, la OLAF llama la atención también sobre las "irregularidades" detectadas en la gestión del proyecto por parte de la Junta de Andalucía, las cuales "podrían avalar la denuncia formulada" por el presidente de la comunidad de regantes, "con arreglo a la cual funcionarios de la Junta habrían tratado de influir en el resultado del concurso favoreciendo a un determinado licitador".
"Dicho trato de favor podría haber continuado durante la ejecución del proyecto, ya que la Junta autorizó una modificación irregular del proyecto", dice la OLAF en su informe, en el que señala también que "algunas de las actuaciones de las autoridades de la Junta podrían ser constitutivas de ilícitos penales de acuerdo con el Código Penal español".
Además, "podría tratarse de irregularidades no circunscritas exclusivamente al proyecto investigado, sino que podrían extenderse a otros proyectos de la misma medida gestionados por la Junta", asegura la OLAF, que ha enviado también todas sus recomendaciones a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
