Las consecuencias del cierre de la planta algecireña -además de la de Amorebieta- podrían ser devastadoras para la economía de los ciento cincuenta trabajadores que actualmente desarrollan sus funciones en la fábrica. Según el Partido Popular, el cierre afectaría a unas mil familias del Campo de Gibraltar.
Sí hay que valorar muy positivamente la reacción fulminante de partidos e instituciones, que se han posicionado claramente a favor de la instrumentalización de medidas para impedir el cese de la producción industrial de la factoría.
Existen algunas claves que habría que analizar en torno al anuncio de Torraspapel. En efecto, hay una crisis generalizada, pero ello no es excusa para que de la noche a la mañana aparezca una empresa anunciando que ciento cincuenta personas se van a la calle. Sin más. Parece más bien una estrategia a medio plazo, apuntando en primer lugar la situación más desfavorable para posteriormente comenzar a negociar desde un punto de vista en el que cualquier concesión por parte de Torraspapel sería bienvenida. Además, se asegura el interés de las distintas administraciones por intervenir de manera positiva, y decidida, en el asunto, dada la trascendencia del cierre patronal.
La Junta de Andalucía ya se ha posicionado indicando, a través de la Consejería de Empleo, su disposición a impedir el cierre de la actividad industrial. El PSOE, por su parte, a través del diputado salvador de la Encina, trata de conseguir una entrevista entre los representantes de los trabajadores e interlocutores del Gobierno central. De otra parte, el Partido Popular ha expresado, a través del diputado José Ignacio Landaluce, su apoyo a impedir el cierre. De hecho, apunta a la inclusión de la factoría en el Plan de Reindustrialización, algo por otra parte lógico, pero que necesitaría de un proyecto claro de futuro.
Sólo cabe desear que estas familias afectadas por la noticia puedan dormir tranquilas en un futuro próximo.
