La mayoría de las asociaciones de comerciantes que integran la Mesa del Comercio, desde Asunico, hasta la de la Plaza de Abastos, ACIE (Asociación de Comerciantes de Icovesa), ACAT (Parque Atlántico) o Adecosur (zona sur), se han adherido al informe jurídico aportado por la Junta de Andalucía por el que consideran “innecesario” elevar una propuesta de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).
De esta manera, los firmantes, entre los que de momento no está Acoje, respaldan un documento -al que ha tenido acceso este periódico- en el que se considera “satisfecho el interés del legislador estatal al contar ya esta localidad con una zona ZGAT desde 2013 vigente hasta 2016” durante el fin de semana del Gran Premio de España de Motociclismo. Por tanto, desde la Junta, que tiene las competencias en la ley de comercio, entienden que no hay que pedir una nueva declaración al considerar que la actual “ya produce plenos efectos”.
El dilema del pequeño comercio se remonta al pasado verano, cuando el Gobierno central en un nuevo decreto declaraba ‘Zona ZGAT’ a Jerez, junto a ciudades como Marbella, y le obligaba a delimitar espacial y temporalmente un calendario.
Según dicho decreto, de no especificar nada, automáticamente a los seis meses de aprobarse esta ley, es decir en enero, se declararía zona ZGAT todo el término municipal, lo que supondría una libertad plena de horarios de todos los negocios cualquier día del año, inclusive las grandes superficies, que ganarían un terreno.
Con esta premisa, la Mesa del Comercio planteó inicialmente una propuesta muy extensa que tocaba desde la campaña de Navidad hasta el Festival de Jerez, la Feria y Semana Santa. Opción que posteriormente descartaron ante la aparición de nuevos parámetros (necesitaban justificar una ocupación hotelera y otras cuestiones).
Tras demandar sendos informes jurídicos a la Junta y al Gobierno central, de momento sólo ha llegado el primero. El Ayuntamiento, en cualquier caso, va a va a tener preparado el expediente por si llegado el momento (en diciembre) desde el Ejecutivo le reclaman que se pronuncie. “Esto es una guerra de competencias de administraciones, pero teniendo en cuenta que la potestad en el comercio es de la Junta hemos obrado con sentido común, apoyando su planteamiento y nos hemos pronunciado a tiempo. Lo que pase ahora ya es cosa del Ayuntamiento”, señala Manuel García, de Asunico.
