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Miércoles 27/11/2024
 

Córdoba

La Junta espera que las obras de la Ciudad de la Justicia empiecen en \"los últimos días de septiembre\"

Recuerda que la adjudicataria comunicó que \"se han encontrado con verdaderas dificultades, que no son ajenas a nadie y el mes de agosto es prácticamente inhábil\"

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La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha destacado este viernes en relación al proyecto de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, donde la adjudicataria ultima trámites administrativos, que en estos momentos hacen "las tareas que son posible hacer en agosto" de cara al inicio de las obras, que "se iniciarán en los últimos días del mes de septiembre".

   En declaraciones a los periodistas, acompañada por la delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Manuela Gómez, la delegada ha explicado que "hay tareas que se hacen en el solar", en el que se va ubicar la infraestructura, "como el vallado del perímetro y algunas de las catas previas a la actuación de la obra y la cimentación, que se podían resolver en agosto".

   Al respecto, recuerda que la adjudicataria comunicó que "se han encontrado con verdaderas dificultades, que no son ajenas a nadie y el mes de agosto es prácticamente inhábil", y "ante la dificultad de rematar las últimas tareas pendientes, tanto con entidades financieras como algunas administraciones, solicitaron dejar pasar el mes de agosto y no tenerlo en cuenta para el plazo del inicio de la obra", según ha dicho.

   En cualquier caso, ha indicado que "se estableció por la Consejería de Justicia e Interior que independientemente de no usar el mes agosto, el plazo de finalización de obra no corría un mes hacia atrás, sino que se mantienen los 30 meses de obras desde la fecha de finales de julio, cuando se cumplía la última prórroga para la adjudicataria".

   En concreto, la semana pasada la Junta informó de que la adjudicataria del proyecto necesita ultimar ciertos trámites administrativos y bancarios para poder iniciar las obras, si bien "la constructora se ha comprometido a respetar los plazos de finalización de esta infraestructura judicial".

   Así, la Consejería de Justicia e Interior confía en que la adjudicataria, que cuenta con el respaldo financiero necesario, concluya los trámites pendientes a "la mayor brevedad posible" e inicie los movimientos de tierra en la zona del Arroyo del Moro "en cuanto sea posible".

LOS PLAZOS Y EL PROYECTO

   En este sentido, la empresa sigue contando con 36 meses desde finales de agosto para construir la Ciudad de la Justicia, tal y como se ha proyectado, es decir, teniendo en cuenta el nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal.

   Desde el inicio de este proceso, la Consejería de Justicia e Interior ha llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para impulsar la construcción de esta sede judicial, ya que la Junta siempre ha mantenido su compromiso con este proyecto que considera "fundamental" para la ciudadanía cordobesa y para los profesionales al servicio de la Administración de Justicia, "con evidentes mejoras de eficiencia, de ahorro y de servicio público".

   Durante este tiempo, la sociedad adjudicataria, integrada por las empresas Isolux Corsán y Copcisa Industrial, ha solicitado en varias ocasiones ampliaciones de plazo a la Junta para el desarrollo del proyecto debido a la situación de los mercados financieros, si bien finalmente, y con la documentación aportada, parece estar en óptimas condiciones para conseguir la financiación necesaria para iniciar dichas obras mediante la fórmula de colaboración público-privada.

   En el contrato de adjudicación se establece la concesión de la explotación del inmueble a la empresa constructora por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía.

   Está previsto que la construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba se ejecute en una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro y el nuevo edificio albergará la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.

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