La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía va a crear un archivo judicial territorial en Huelva con el objetivo de mejorar la gestión de toda la documentación generada por la Audiencia y los juzgados de la provincia y facilitar, al mismo tiempo, la eliminación de aquellos expedientes que carecen de valor.
En un comunicado, la Junta ha señalado que este archivo territorial facilita una adecuada gestión de la documentación judicial, así como un mejor acceso a ella por parte de los profesionales que prestan su servicio en los órganos judiciales onubenses como por parte de la ciudadanía en general. Además, este nuevo espacio permite agilizar también la tramitación de los expedientes que son susceptibles de destrucción por su antigüedad y carencia de valor.
El archivo asume una importante labor, puesto que en él se organiza y custodia la documentación remitida por cada ámbito judicial y al mismo tiempo se determina la relación de expedientes que son susceptibles de destrucción con el objetivo de propiciar la liberación de espacio. La eliminación de esta documentación es asumida por la Junta de Expurgo, un órgano creado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para el desarrollo de esta labor.
Hasta la fecha, la Consejería ya ha constituido los archivos judiciales de las provincias de Almería, Sevilla, Córdoba y Málaga, y la pretensión de la Junta es crear progresivamente estos espacios específicos para la documentación judicial en el resto de las provincias andaluzas para completar así el mapa archivístico de la comunidad.
De forma paralela, la Consejería de Justicia e Interior está trabajando en la futura implantación de una aplicación informática, denominada 'Jara', que permitirá profundizar en la mejora de la gestión de los archivos judiciales en la provincia, así como la realización de las propuestas de eliminación a la Junta de Expurgo.
Este nuevo sistema, que ya ha comenzado a implantarse en Sevilla y Málaga, permitirá el control y acceso desde su producción hasta su eliminación o conservación permanente. Esta herramienta permite a los funcionarios judiciales mejorar los criterios de clasificación y descripción, así como asumir nuevas funcionalidades.
Se trata de una aplicación web "sencilla y de fácil manejo", accesible a través del Escritorio Judicial, que permite la creación de varios perfiles según las tareas encomendadas y que automatiza funciones claves entre el órgano judicial y el archivo de la sede judicial, como son las transferencias, el servicio de préstamos o los envíos a la Junta de Expurgo.
La cumplimentación de datos de esta aplicación está concebida para que se pueda hacer todo desde una misma pantalla, lo que permite la vinculación de los distintos tipos de procedimientos que se están realizando, como puede ser un juicio de falta con su ejecutoria o la descripción de las piezas separadas vinculadas con el procedimiento principal. Además, la aplicación permite asumir nuevas funciones en el futuro, según los requerimientos de los usuarios, y está preparada para poder integrarse con otros sistemas ya en funcionamiento, como es el Sistema de Gestión Procesal Adriano
ANDALUCÍA, "REFERENTE EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS"
La Junta señala que todos estos proyectos para mejorar y modernizar la gestión de los archivos judiciales están sirviendo de referencia a nivel nacional, "donde está liderando un grupo de trabajo en esta materia dentro del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (Cteaje)", órgano en el que están representados el Gobierno central, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias de Justicia.
Los contenidos y ventajas del programa de gestión de archivos judiciales que lleva a cabo de forma pionera la Junta están sirviendo de modelo y su experiencia será exportada al resto de España para su futura implantación, indica la Administración andaluza.
Andalucía se ha convertido así en una de las comunidades autónomas pioneras en la implantación de la gestión documental en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo objetivo fundamental es normalizar y racionalizar el volumen documental que produce y prestar un servicio más eficaz y de calidad a la ciudadanía, apunta.
