La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de este lunes al exedil del Grupo Independiente Liberal (GIL) en la localidad malagueña de Marbella Francisco Javier Lendínez por el caso 'Malaya', contra la corrupción en dicho municipio, después de que éste estuviera fugado desde diciembre de 2008 y hasta el pasado mes de octubre y no pudiera ser enjuiciado junto al resto de acusados en esta causa.
Está previsto que la vista oral se desarrolle en tres sesiones, del 9 al 11 de este mes de junio. Están citados algunos de los policías y funcionarios de la Agencia Tributaria que participaron en la investigación y que ya comparecieron en el juicio contra los otros 95 procesados en esta macrocausa contra la corrupción; así como el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y el exalcalde Julián Muñoz, propuestos por la defensa para el miércoles.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exconcejal una pena de 10 años de prisión y 18 de inhabilitación. Lendínez fue localizado un día antes de que se conociera la sentencia por el caso 'Malaya' y no fue juzgado por esta causa, ya que estaba en ese momento en paradero desconocido. Además, está imputado en varias causas relacionadas con supuestas irregularidades urbanísticas en Marbella, en algunas de las cuales ha mostrado su conformidad con la acusación.
En 'Malaya', el fiscal relata en su escrito de conclusiones iniciales, al que tuvo acceso Europa Press, el momento político vivido en Marbella en 2003, cuando Julián Muñoz fue elegido alcalde tras ganar las elecciones municipales y, posteriormente, fue destituido por una moción de censura, "diseñada" por el entonces asesor y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al querer Muñoz "poner coto al poder que hasta entonces éste venía detentando".
También alude a que aunque Roca, condenado a 11 años por esta causa --sentencia que no es firme--, no era cargo electo, "ostentaba una posición de dominio sobre la corporación municipal" que dirigió Marbella tras la moción de censura, incidiendo en que "toda actuación urbanística tenía que contar con su visto bueno" y en que "se lucró" negociando con empresarios para que le pagaran, al tiempo que "sobornaba" a los entonces ediles para aprobar resoluciones.
En este contexto, el fiscal considera que Lendínez estaba "entre las autoridades y funcionarios que han venido recibiendo dinero de la caja única de Roca" y al que se le identificaba con las iniciales LB en los archivos informáticos localizados en la empresa Maras Asesores. Así, se le atribuye la suma de 12.000 euros en sobres a su nombre, aunque añade que "también participó en el cobro del dinero que se reparte en sobres innominados".
"Mediante tales pagos, el señor Juan Antonio Roca consiguió, igualmente, atraerse la voluntad de otros concejales, que como el señor Lendínez, en un primer momento no apoyaron la moción de censura", indica inicialmente la acusación pública, quien insiste en que el sentido de los pagos a este exedil era "mantener el 'statu quo' urbanístico, esto es, permitir que las cosas se quedasen como estaban".
Asimismo, en el documento se añade que se contribuía a mantener la política urbanística existente, que dio origen "a un sinfín de licencias contrarias al planeamiento municipal", algo en lo que este acusado "había participado de lleno como concejal y miembro de la comisión de Gobierno desde 1999"; de hecho, en la calificación se enumeran las más de 40 diligencias judiciales abiertas en los juzgados de Marbella y en las que está inmerso.
También se explica el desarrollo de la operación denominada 'Vente vacío' y su supuesta intervención, en concreto, participando en la aprobación en una comisión de Gobierno de un convenio de permuta de terrenos y aprovechamientos urbanísticos, que, según el ministerio público, suponía "un desequilibrio económico" para el Ayuntamiento y unos perjuicios, según las tasaciones realizadas, de 1,3 millones de euros.
Así, a Lendínez se le acusa de un delito de cohecho pasivo de carácter continuado para fin delictivo y acto injusto, por el que el fiscal solicita cuatro años y un día de prisión, inhabilitación para cargo o empleo público por 10 años y multa de 30.000 euros. También se le acusa por los delitos de prevaricación administrativa y malversación, por los que pide ocho años de inhabilitación y seis de prisión, respectivamente.
Alternativamente, para el caso de que el Tribunal no estime oportuno la condena por un delito de malversación, se propone la acusación por apropiación indebida respecto a los hechos de la permuta de los aprovechamientos en la operación 'Vente vacío', por el que el ministerio fiscal solicita que se le imponga a Lendínez una pena de cinco años de cárcel e inhabilitación especial durante seis años.
