Los padres de un niño discapacitado han presentado en la Fiscalía de Sevilla una denuncia porque el banco les está cobrando los plazos de un microcrédito con cargo a la prestación que reciben para su hijo por la Ley de Dependencia.
En su denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, los padres Guadalupe L.V. y Francisco Javier R.G. indican que el mayor de sus dos hijos, de 6 años, sufre una discapacidad del 33 por ciento y por ello percibe una prestación de 350 euros al mes, en virtud de la Ley de Dependencia, que es ingresada en una cuenta de la que es primer titular.
Hace dos años y medio, según indican, el matrimonio pidió un microcrédito de 1.700 euros para montar un negocio pero al cabo de un tiempo se vio obligado a cerrar y a partir de entonces no pudo pagar la deuda con el banco.
Ahora, denuncian que "el mismo día" en que la prestación por dependencia es ingresada en la cuenta de su hijo, el banco procede a descontar 50 euros del microcrédito, lo que realiza "en todo momento sin consentimiento de los denunciantes".
En su escrito a la Fiscalía, recogen que la Ley de Dependencia establece que estas prestaciones deben ir destinadas "a la promoción de la autonomía personal y a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria".
En este caso, sin embargo, se está utilizando dicha prestación "para el pago de una deuda, sin el consentimiento de la persona titular de la cuenta en la que es ingresada".
Por ello, acusan al director del banco, situado en la calle Manzanilla de Sevilla, de un delito de apropiación indebida pues el dinero de la prestación por dependencia es ingresado en una cuenta del menor, quien "no tiene que responder por la deuda" de sus padres.
Además, le imputan un delito de omisión del deber de socorro, pues "el banco ha procedido al cobro de una deuda a sabiendas de la grave situación económica en que se encuentran".
Esta familia, integrada por dos adultos y dos menores de 6 y 2 años, y uno de ellos con una discapacidad del 33 por ciento, tienen como único ingreso esos 350 euros y el banco, en lugar de facilitar el pago del crédito de otra forma, "empeora aún más la situación en que se encuentran, procediendo a dicho cobro", según los denunciantes.
El delito de omisión del deber de socorro, recuerda su abogado, persigue a quien "no socorra a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pueda hacerlo sin riesgo propio ni de terceros".
