Las monitoras administrativas de los centros públicos de Infantil y Primaria andaluces están que trinan y no es para menos. Las movilizaciones se suceden ante lo que consideran un “despido nulo” por parte de la Consejería que dirige Luciano Alonso y ya, ante los hechos consumados, parece que sólo es queda verse las caras en los tribunales. La pérdida de los puestos de trabajo afecta a un total de 840 monitores y monitoras administrativos en el conjunto regional y 92 en Cádiz, y todos ellos continúan en lucha ante lo que parece una notable injusticia. El 12 de febrero se producirá la vista en unos de los juzgados de lo social de Cádiz, ya que 82 de los 92 gaditanos afectados por esta situación interpusieron su correspondiente demanda tras su despido de fecha 30 de junio de 2013”.
Ayer en la Plaza Mina, frente a la Delegación de Educación, se escuchaban lemas que ponían en duda la aptitud o utilidad del consejero del Ramo, de Susana Díaz, de la delegada Cristina Saucedo o de la directora general de recursos humanos de Educación, Antonia Cascales. Los gritos de “Luciano, sinvergüenza, dimisión”, o “Susana Díaz, inútil”, entre otros, llamaban la atención de los transeúntes que por allí pasaban en la mañana de ayer. Y eso solo es la punta del iceberg, porque el colectivo, que ayer juntaba medio centenar de miembros en su protesta, pretende continuar con la lucha y las movilizaciones semanales, incluso ya piensan en asambleas virtuales a nivel andaluz para recordar a la Junta que no se van a cansar de reclamar lo que ven como un legítimo derecho.
Lo cierto y demostrable es que la Consejería de Educación ya ha puesto en marcha el procedimiento para dotar de personal de apoyo administrativo mediante una oferta de empleo público que se hará a través del SAE para cubrir las plazas de monitores administrativos antes de que comiencen los trámites de escolarización. El procedimiento se basa en una selección del personal que exija los requisitos de titulación que recoge el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía y el Acuerdo de Titulaciones de 2005.
Así, a través de este plan, que tendrá una duración de un año hasta que se creen las plazas en la Relación de Puestos de Trabajo y se cubran con personal propio de la Junta de Andalucía, se ofertarán 840 plazas para centros educativos repartidos por todo el territorio andaluz.
Y es ahí donde este colectivo de monitores damnificados por un despido que consideran nulo en base al dictamen de la Inspección de Trabajo de 22 de junio de 2013, en el que se dispone que lo llevado a cabo por la Junta era “una cesión ilegal de trabajadores”, centra toda su rabia. Porque tal y como apunta Esther Porquicho, portavoz del Colectivo SOS Monitores administrativos, “la Junta oferta 840 plazas que se encuentran vacantes y hay un total de 1.056 centros sin monitores. Si no es legal que un trabajador desempeñe su labor en más de un centro, entonces no salen las cuentas. Y lo peor, nos ha llegado que se ofertarán plazas con contratos de cuatro horas semanales, también de ocho, 12 y 20 horas a la semana, pero ¡el de cuatro!... ¿eso no es fomentar la precariedad laboral?”.
