| La ejecución del Plan Urban (2009-2015) por parte del Gobierno local del PP sigue trayendo de cabeza a la coordinadora de la zona sur Existe, que representa al tejido social y vecinal de este entorno. Después de dos quejas interpuestas formalmente en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y un recurso de amparo ante la falta de respuesta, al fin el Gobierno central se ha pronunciado a las preguntas registradas en el Congreso de los Diputados a través de la diputada socialista Mamen Sánchez. Unas cuestiones que, a su vez, también se han hecho extensivas al Parlamento Europeo.
Tras una primera notificación, bastante escueta, en la que desde el Ejecutivo se limitaban a remitir a Sánchez a la página web del Ayuntamiento de Jerez para conocer con detalle el nivel de ejecución de las obras (si hay algunas paradas, así como si había una evaluación por parte del Gobierno central...) desde este último en un nuevo escrito han reconocido que no se ha realizado “ningún tipo de control económico ni seguimiento de su programación”.
Todo ello, pese a que, como apuntaron ayer desde la c
oordinadora en rueda de prensa, el programa del Plan Urban puede ser objeto de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado.
Baile de cifras
Además, tal y como denuncian, el Ejecutivo también admite que, a día de hoy, el Ayuntamiento ha solicitado dos modificaciones respecto al Plan Urban original, la última, en mayo de este año. Unos cambios que, según critican, “no fueron comunicados en el Consejo Consultivo y se realizaron de manera unilateral por parte del Consistorio”.
Asimismo, desde este foro de la zona sur, también resaltan el hecho de que, mientras por un lado el Gobierno de la Nación señale que el presupuesto del Plan Urban para la zona sur es de 12,5 millones, el Consistorio jerezano hable de 15 millones. Por último, desde la Administración central también precisan que no le consta que actualmente exista ninguna obra parada de este programa.
Sí se pueden realizar cambios
Desde la coordinadora recriminan al delegado de Participación, José Galvín, que públicamente negara haber solicitado cambios en el Plan Urban para actuar en Torrox, cuando el Ejecutivo dice que se han pedido cambios y que, de hecho, pueden hacerse.
