Pocas organizaciones, sociales o políticas, cuestionan que España va a necesitar en el futuro un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para gestionar sus residuos radiactivos más peligrosos, pero los expertos han observado que se consolida el nimby, acrónimo en inglés de “no en mi patio trasero” (not in my backyard).
Todas las fuerzas políticas (excepto ICV) coinciden en la necesidad de contar con un Almacén Temporal Centralizado para los residuos radiactivos de alta actividad, y el organismo que vela por la seguridad nuclear (el Consejo de Seguridad Nuclear) avala esa solución, pero el procedimiento administrativo sigue atascado.
Hace más de dos años (el 28 de febrero de 2007) el Gobierno dio por concluido el plazo para solicitar información sobre las características del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que deberá en el futuro albergar los residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares.
¿FALTA DE VALENTÍA POLÍTICA?
La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha subrayado su apoyo a este almacén centralizado de los residuos y ha criticado la “falta de valentía política” del Gobierno para impulsar la elección del lugar donde se construirá.
Fuentes de esta organización han criticado, en declaraciones a Efe, la “parálisis” en que está inmerso el procedimiento, y han advertido de que no se trata de un debate a favor o en contra de la energía nuclear, porque los residuos radiactivos “ya existen” y se trata de contar con una instalación segura para almacenarlos.
Según las organizaciones ecologistas, ha sido el “enorme” rechazo social que se ha generado lo que ha motivado la paralización del procedimiento, y han reclamado un plan de cierre de las centrales nucleares para poner freno a la generación de residuos antes de afrontar la construcción de una instalación para almacenar los ya existentes.
La última de movilización contra este proyecto la protagonizan los agricultores de la localidad de Yebra (Guadalajara), que han iniciado una campaña de recogida de firmas contra esa instalación a partir de las denuncias de la Plataforma Antinuclear de Guadalajara que apuntan que este pueblo podría estar interesado en el ATC.
Desde Greenpeace, Carlos Bravo insiste en el “necesario e imprescindible” consenso social que debe existir respecto a este tipo de instalaciones.
