La política de vivienda del actual equipo de gobierno municipal está “abandonada” o “sin actividad” para los grupos que ejercen la oposición en el Ayuntamiento hispalense, que exigen al alcalde, Juan Ignacio Zoido, una rebaja del alquiler a los inquilinos de las viviendas de protección oficial (VPO), así como que se adapten las rentas a cada familia o caso en particular, según su situación económica.
Para el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que ayer compareció junto a varios representantes de la asociación Por un alquiler digno, la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) está “desmantelada” y “sin actividad” ante la “inacción” del Consistorio que no hace nada ante la situación de más de 1.100 familias que se están viendo afectadas por los alquileres “abusivos” de las VPO. “Quizás lo que pretende el Ayuntamiento es deteriorar Emvisesa para justificar que no tiene una función concreta hasta que desaparezca, se reconvierta o incluso se privatice”, señaló Torrijos.
Algo que también preocupa al portavoz de izquierdas es la subida de la renta de los alquileres de sus promociones públicas en una ciudad con “cerca de 90.000 desempleados” y en la que las familias han experimentado un 25% de pérdida de poder adquisitivo desde que comenzara la crisis.
Así, Torrijos puso de relieve que “muchos inquilinos no tienen más remedio que abandonar sus viviendas ante la imposibilidad de pagar el alquiler”, indicando que estas casas se quedan vacías (hay 40 viviendas vacías en Sevilla Este, 15 en Torreblanca y tres en el Polígono del Aeropuerto Viejo).
Por todo ello, Torrijos y los representantes de la asociación Por un Alquiler Digno piden al Ayuntamiento que se realice una bajada lineal de un 30% en los alquileres para luego estudiar caso por caso, ya que se estima que las familias destinan el 58% de sus ingresos al pago del alquiler de las VPO, cuando debería ser un 30% como máximo.
“Esta situación afecta tanto a las familias como a la propia Emvisesa que no recibe ingresos y cuyas viviendas se deterioran al quedarse vacías”, subrayó Torrijos.
“Brazos cruzados”
Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Espadas, Zoido se mantiene de “brazos cruzados” ante la “dramática” situación de la vivienda en Sevilla, -en la que hay 300 VPO no adjudicadas a ninguna familia y una treintena de casas destinadas a emergencias sociales han permanecido vacías durante meses-, y que se limita a decir que “la ley le impide reducir el coste de los alquileres, cuando la realidad es que la norma marca un máximo, pero no un mínimo de cobro”.
Además, Espadas lamenta que, en esta situación, Emvisesa no “haya atendido” las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ni las peticiones de “cientos de inquilinos” que han solicitado una rebaja del alquiler, o que Zoido siga sin encontrar una solución para que ni EPSA ni Emvisesa repercutan el IBI en las rentas de las viviendas sociales, así como para que Emasesa aplique bonificaciones a las rentas más bajas para que ninguna familia se quede sin agua.
Sin embargo, y en respuesta al PSOE e IU, desde el Ayuntamiento descartan una rebaja “general” del alquiler de las VPO, defendiendo que se está “estudiando caso por caso”. De esta manera, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, avisa de que “no podemos saltarnos la Ley” y señala que “una rebaja general, incluso para aquellos que ahora siguen teniendo los mismos ingresos que cuando firmaron su alquiler, sería injusta y discriminatoria”, aunque sí admite que en determinados casos si se puedan adoptar “medidas extraordinarias” en las rentas.
