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Jueves 28/11/2024
 
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Sevilla

El PSOE pide que la expropiación del barrio de Guadaíra se atenga a los valores del acuerdo plenario de 2011

Toda vez que estas viviendas están destinadas a su expropiación y demolición para edificar una promoción de viviendas protegidas

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El Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado este miércoles al Gobierno municipal que la valoración de las infraviviendas del barrio Guadaíra, en el distrito Bellavista-La Palmera, se atenga al acuerdo plenario de abril de 2011, toda vez que estas viviendas están destinadas a su expropiación y demolición para edificar una promoción de viviendas protegidas.

   La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla aprobaba recientemente el documento inicial del nuevo plan especial de reforma interior correspondiente a la barriada de infraviviendas de Guadaíra, enclavada entre los barrios de Pedro Salvador y Pineda. En estos suelos, la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) promueve la expropiación del conjunto de infraviviendas, donde se desarrolló buena parte del rodaje del conocido filme 'Grupo Siete', para construir en su lugar viviendas protegidas con la regeneración de todo el entorno.

DENSIDAD RESIDENCIAL

   Como expone el acta de la junta de gobierno, recogida por Europa Press, el pleno del Ayuntamiento hispalense ha aprobado ya de forma inicial una modificación del vigente planeamiento urbano para que el área de reforma interior (ARI) DBP-03 del sector urbano de la avenida de la Palmera cuente con una densidad de 120 viviendas por hectárea, todo ello con destino a la promoción de viviendas protegidas que Emvisesa proyecta en tales suelos una vez sean expropiadas y derribadas las infraviviendas en cuestión.

   Pues bien, el Grupo Socialista ha mantenido este miércoles una reunión con los representantes de los vecinos de la barriada de Guadaíra para analizar la valoración realizada por la Gerencia de Urbanismo del precio de sus viviendas en la que se basará el justiprecio para las expropiaciones de los pisos previas a su derribo. Este estudio, que cifra el coste total de la expropiación de 40 viviendas en tres millones de euros no tiene en cuenta, según subrayaron los representantes vecinales, "la valoración realizada por Emvisesa en 2010 que fue avalada por unanimidad en el pleno de abril de 2011".

LAS EXPROPIACIONES

   "El gobierno debe dar una explicación a los vecinos, aclararles si se están cumpliendo estos acuerdos y sentarse con los residentes de la barriada para llegar a un consenso sobre los realojos y las expropiaciones", explica el concejal socialista después de mantener una reunión con los representantes vecinales. El concejal socialista subraya que el acuerdo aprobado por unanimidad ya recogía que las expropiaciones de las viviendas debían haber finalizado a lo largo de 2012 para dar un impulso definitivo a la rehabilitación integral de la barriada, sin que durante ese año se realizara "ni un solo trámite". "La única medida que se ha adoptado en los últimos meses ha sido iniciar un procedimiento de modificación del PGOU para aumentar de 100 a 120 el número de viviendas que podrá construir Emvisesa en la zona".

   "Se perdió todo el año pasado y ahora vuelve a faltar diálogo con los vecinos que desconocen las condiciones en las que se van a producir las expropiaciones", explica Miguel Bazaga. El acuerdo plenario, según el PSOE, recogía el compromiso de los tres grupos municipales para acelerar las expropiaciones de las viviendas para que el proceso estuviera concluido en 2012, para garantizar unas condiciones adecuadas de realojo y un derecho preferente a la hora de acceder a las viviendas que se construyan en los terrenos, que el justiprecio tome el mismo punto de partida que los estudios realizados en 2010 y para promover que todo el proceso se realice por acuerdo entre la Gerencia de Urbanismo y los vecinos afectados.

   En este sentido, el Grupo Socialista remitirá una pregunta en la próxima Comisión de Ruegos para pedir a la Delegación de Urbanismo que aclare las condiciones, así como los plazos, en los que se van a producir las expropiaciones de las viviendas.

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