La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rebajado de 50 millones de euros a 15 millones la fianza para eludir prisión impuesta al empresario Ángel de Cabo, socio del expresidente de la CEOE Gerado Díaz Ferrán en el en el marco del 'caso Crucero', en el que se investiga el vaciamiento de su patrimonio para burlar a sus acreedores, al considerar que podría resultar "excesiva".
Al considerado mano derecha de De Cabo, Iván Losada, sobre quien pesaba una fianza de 30 millones también desde el pasado 5 de diciembre, se le rebaja la fianza hasta los 10 millones de euros.
En sendos autos dictados por la Sección Segunda de lo Penal se señala que las fianzas "pudieran ser de cuantía excesiva y pueden ser razonablemente fijada en cuantía significativamente menor y más accesible" cumpliendo el mismo efecto de garantía respecto de los riesgos procesales sin duda existentes.
Eso sí, los magistrados mantienen la prisión provisional impuesta a De Cabo y Losada al considerar "claros" e "indiscutibles" los elementos indiciarios en los que se asienta la medida. En consonancia con el Ministerio Fiscal, sostienen que la imputación delictiva lleva consigo el "riesgo penal" de poder ser condenados a graves penas de prisión que podrían alcanzar los 14 años de cárcel.
La Sección Segunda aprecia además un "riesgo procesal" que, de ninguna manera, se ve "conjurado con los elementos de arraigo" esgrimidos por las defensas de ambos imputados.
RIESGO DE FUGA POR SUS CONTACTOS Y SU GRAN PATRIMONIO
El Ministerio Público vio acertada las fianzas fijadas inicialmente al defender si la imputación prospera abocaría a "graves penas". A su entender, esta circunstancia implica un indicio "claro" de riesgo de fuga acrecentado por las posibilidades de ambos de eludir de forma eficaz la Justicia, por sus "contactos internacionales, la existencia de una organización delictiva y el gran patrimonio que manejan a consecuencia del delito imputado".
Las defensas de De Cabo y de Losada impugnaron la prisión provisional y sugirieron la adopción de medidas alternativas como la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas al juzgado.
Descartaron el riesgo de fuga de sus defendidos habida cuenta de su "arraigo personal, familiar, económico y social en España" y rechazaron además que pudiera destruir pruebas u obstaculizar la instrucción, recordando que las Fuerzas de Seguridad ya registraron sus domicilios y sus oficinas en Valencia.
En el recurso presentado contra el auto por el que se decretó el pasado 5 de diciembre la prisión provisional, pusieron de relieve la carencia de antecedentes penales o policiales de De Cabo y negaron la existencia de indicios de criminalidad en su contra.
